Los 133 migrantes que el pasado viernes 24 de junio lograron cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla y llegar hasta el Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI), en su mayoría sudaneses, han solicitado protección internacional en España, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior.
En concreto, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que todos los inmigrantes han manifestado su voluntad de formalizar peticiones de protección internacional.
España concedió el asilo, en 2021, a 194 nacionales de Sudán, según los datos del Ministerio del Interior, lo que supone más de un 91,7% de las solicitudes de protección presentadas. Se sitúa así solo por detrás de Libia, Afganistán y República Centroafricana, entre los países con mayor tasa de reconocimiento de protección en España.
Sin embargo, según ha explicado el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) a Europa Press, es «prácticamente nuevo» que los sudaneses lleguen a España a través de la frontera con Melilla. La entidad ha explicado que, aunque el año pasado ya se detectó su presencia numerosa en algún salto a la valla, lo habitual es que su ruta tenga como destino Libia.
Denuncia de aislamiento
Sobre la situación de estos 133 migrantes que, a falta de registro oficial, son en su mayoría sudaneses, se han manifestado las ONG Coordinadora de Barrios, Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) y la Asociación Guem Dodou, denunciando que se les ha aislado del resto de internos del centro.
Tal y como ha explicado la responsable legal del SJM, María Vieyra, esta privación de libertad en el CETI de Melilla tras salto de valla «no tiene amparo legal» y, por ello, las entidades han pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que «cesen esta práctica inmediatamente» y «restablezcan el derecho fundamental a la libertad personal» de estas personas.
En un comunicado, estas tres ONG advierten de que este asilamiento está impidiendo a los migrantes contactar con sus familias por lo que estas «no saben que han sobrevivido». «Se trata de supervivientes de torturas en sus países de origen y de tránsito que no han recibido ningún tipo de apoyo ni soporte psico-social específico para recuperarse», han denunciado.
Estas entidades han formulado un requerimiento a la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social para que «cesara la privación de libertad y garantizara los derechos fundamentales de las personas supervivientes».
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