Terrorismo e inmigración con Trump

Muchos de los temas expuestos por Trump, durante su discurso de investidura, se encuentran en la zona gris existente entre la ley y la responsabilidad internacional. De entre todos ellos destacamos dos conceptos -terrorismo e inmigración- que tienen implicaciones internacionales claras, aunque las políticas a aplicar son decisión y responsabilidad de cada país o grupo, como en el caso de la Unión Europea. Con frecuencia el concepto ‘seguridad nacional’ es utilizado por los Estados para justificar medidas unilaterales que pueden desafiar principios fundamentales del derecho internacional. La orden ejecutiva del presidente Trump, que designa a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), es una de ellas. También lo es la orden de acelerar la expulsión de ciudadanos indocumentados, de cualquier nacionalidad, sin coordinar previamente con los países de posible acogida, en particular con Méjico en su frontera sur.

 

La designación de los cárteles como organizaciones terroristas.

La idea de clasificar a los cárteles mexicanos como FTO podría parecer, a primera vista, una estrategia lógica para abordar el impacto devastador del narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, sus implicaciones legales y políticas son profundas. En el plano interno, esta designación otorgaría a las autoridades estadounidenses herramientas legales adicionales, como la capacidad de congelar activos, procesar a colaboradores bajo leyes antiterroristas y endurecer las restricciones migratorias. Desde una perspectiva internacional, podría facilitar una mayor cooperación con otros Estados, en términos de extradiciones y sanciones conjuntas.

Sin embargo, también existe un riesgo significativo de erosionar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México. El gobierno mexicano, fuerte defensor vocal de su soberanía por exigencia mayoritaria de su población, ha manifestado su oposición a esta clasificación, señalando que podría abrir la puerta a intervenciones unilaterales en su territorio. Este argumento es válido, ya que la historia reciente está llena de ejemplos donde la mención del antiterrorismo fue utilizada para justificar intervenciones en otros países, con pésimas consecuencias.

Además, esta designación no es la adecuada. El terrorismo, por definición, busca imponer terror con fines políticos, mientras que los cárteles operan primordialmente con fines de lucro. Equipararlos no solo distorsiona el concepto de terrorismo, sino que también podría desviar la atención de un necesario enfoque integral para abordar las raíces sociales y económicas del narcotráfico. Las comunidades ya sufren violencia como consecuencia y por parte de estos grupos; su etiquetado como FTO podría aumentar las operaciones de represión armadas, sin garantizar la seguridad a largo plazo.

La experiencia del uso de esa designación en Colombia llevó a una militarización prolongada que causó desplazamientos masivos y un alto costo humano. En el caso de México, la designación podría implicar unas consecuencias parecidas, o aún peores, por tener Estados Unidos y Méjico una larga frontera común.

 

Inmigración y la responsabilidad de los Estados.

La problemática de las expulsiones y deportaciones es un aspecto crucial entre la soberanía y el derecho internacional. En principio, un Estado tiene la obligación de aceptar a sus propios ciudadanos expulsados de otros países, como sería el caso de los mexicanos. Este principio, consagrado en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no es negociable. Sin embargo, cuando hablamos de personas cuya nacionalidad es disputada o desconocida, o cuando el Estado receptor simplemente se niega a cooperar, la situación se hace muy difícil.

En el caso de los apátridas, quienes no son reconocidos como nacionales por ningún país, la situación es aún más grave. Estas personas suelen enfrentarse a detenciones prolongadas o incluso al riesgo de ser deportadas a territorios donde sus vidas estén en peligro. En este último caso aplica el principio de ‘non-refoulement’, que prohíbe devolver a alguien a un lugar donde pueda ser perseguido, torturado o sometido a tratos inhumanos. Este principio, fundamental en el derecho internacional, es frecuentemente ignorado o interpretado de manera restrictiva por los Estados.

Los Estados manejan los casos de personas indocumentadas de acuerdo con sus propias leyes. Los procesos de verificación de nacionalidad pueden ser lentos y, en muchos casos, conducen a la prolongación de la detención. Esta situación genera no solo una carga para los Estados emisores y receptores, sino también para los organismos internacionales que intentan mediar en estas crisis.

La negativa de un Estado a aceptar a una persona deportada también tiene ramificaciones diplomáticas. La relación entre el país emisor y el receptor se tensiona, y en muchos casos, se recurre a acuerdos bilaterales para resolver estas situaciones. Pero cuando el país receptor se niega a admitir incluso a sus propios nacionales, como ha ocurrido en algunos casos recientes, la comunidad internacional enfrenta el dilema de qué hacer con las personas que ningún país está dispuesto a aceptar.

 

Entre la seguridad y los derechos humanos.

La conexión entre la lucha contra el terrorismo y la gestión migratoria también es preocupante. La misma retórica de seguridad nacional, utilizada para justificar la designación de cárteles como FTO, también se ha empleado para endurecer las políticas migratorias. En Estados Unidos, la vinculación injustificada de inmigrantes indocumentados con actividades criminales o terroristas ha llevado a la implementación de medidas restrictivas, desde la construcción de muros fronterizos hasta la cruel separación de familias en centros de detención.

Esta narrativa no solo deshumaniza a las personas migrantes, sino que también ignora las complejidades de los flujos migratorios. Muchos migrantes huyen precisamente de la violencia y la inseguridad generadas por los mismos cárteles que Estados Unidos busca combatir. Asumir que endurecer las fronteras o criminalizar la migración resolverá el problema es un error.

Las políticas migratorias restrictivas no abordan las causas estructurales de la migración. La pobreza, consecuencia de la corrupción gubernamental, continúa impulsando los desplazamientos masivos. En promedio, en Méjico y Centroamérica -exceptuando a Costa Rica y Panamá- cerca de la mitad de la población vive en pobreza, no puede realizar el gasto mínimo necesario para mantener una vida digna y tolerable. Méjico, frontera con Estados Unidos, tiene un 40% de la población en situación de pobreza y un 8% en pobreza extrema, no tienen ni para comer.

 

Hacia una solución integral.

La lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la crisis migratoria requiere un enfoque integral que combine el respeto por los derechos humanos con estrategias efectivas de seguridad. Es preciso abordar las causas estructurales del narcotráfico, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la debilidad institucional.

En el aspecto migratorio, los Estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizando la protección de los apátridas y respetando el principio de ‘non-refoulement’. Se necesitan mecanismos internacionales más robustos para resolver disputas sobre deportaciones y admisiones, así como para proteger a las personas que quedan atrapadas en un vacío legal.

La seguridad no puede lograrse a expensas de los derechos fundamentales. La soberanía estatal, aunque crucial, no es un cheque en blanco para actuar sin consideración por las leyes y principios que sustentan el orden internacional. Solo mediante un equilibrio entre la seguridad, la justicia y la cooperación, podremos enfrentar los desafíos actuales.

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