Tenemos una sanidad pública de trabajadores explotados…

La Semana. MH, 29/06/2026

Por: J.B.

 

Normalmente los ministros (nombrados a dedo y, en la mayoría de los casos, por cuestiones/razones muy lejanas a la eficiencia/eficacia) no suelen ser expertos en las materias que desarrollan sus ministerios (para ayudarles/aconsejarles, se supone que tienen a múltiples técnicos a su servicio), tampoco se les exige un mínimo de cultura o preparación general. Un ejemplo ilustrativo es del ministro de Transportes, Oscar Puente, que, aunque estudio derecho y trabajó en un bufete madrileño desde 1995 hasta 2015, no tiene grandes méritos, más allá de su pertenencia al PSOE y su desempeño en los cargos conseguidos/consecuencia de tal pertenencia. Sus resultados al frente del Ministerio de Transportes son tan desastrosos y conocidos, que no merece la pena comentarlos…

Oscar Puente, que, aunque estudio derecho y trabajó en un bufete madrileño desde 1995 hasta 2015, no tiene grandes méritos, más allá de su pertenencia al PSOE y su desempeño en los cargos conseguidos/consecuencia de tal pertenencia.)

Entre los “grandes éxitos” de Puente está el resultado del PSOE, con él como candidato a la alcaldía de Valladolid, en 2011 (obteniendo el, por entonces, peor resultado de la historia del PSOE en Valladolid, tanto en número de votos como en concejales-al pasar de 13 a 9-), o el resultado de las siguientes elecciones municipales, en 2015 (en las que, pese al desastre, se hizo con la alcaldía al pactar con Podemos y otros), en las que volvió a obtener el hasta entonces peor resultado, en votos, de la historia del PSOE en Valladolid y perdió un concejal más respecto a las elecciones anteriores (quedándose en 8 el PSOE).

¿Saben quién refrendó, en mayo de 2011, el nombramiento de Puente como candidato a la alcaldía d Valladolid? Otro Oscar (muy de moda por sus ataques a los jueces que luchan contra la corrupción de su partido/gobierno o, dicho de otra manera, contra los que intentan oponerse, aplicando la legalidad, a la dictadura encubierta que es el sanchismo), de apellido López. Los dos Oscar son los perros de presa que Sánchez ha lanzado al ruedo para que ataquen a diestro y siniestro, con el fin de que, entre tanto barullo, se difumine el apestoso hedor de la corrupción que corrompe las entrañas del PSOE y del gobierno.

¡No extraña que sean unos acérrimos defensores de Pedro Sánchez… le deben mucho!

Hay algunos ministros que (al menos en teoría) sí tienen, o deberían tener en función de su formación, conocimientos de su ministerio. Es el caso de la ministra de Sanidad, Mónica García, que es médico anestesista.

Pero, no parece que sus conocimientos los esté aplicando de forma exitosa. Quizás era/es un buen médico, pero no es una buena gestora de la Sanidad de todos.

No parece que sus conocimientos (Mónica García) los esté aplicando de forma exitosa. Quizás era/es un buen médico, pero no es una buena gestora de la Sanidad de todos

La precariedad en la Sanidad Pública: contratos de semanas y vidas en pausa.

Miles de enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares (TCA), celadores y otros profesionales sanitarios en España encadenan contratos temporales de semanas o incluso días, a menudo avisados con solo 24 horas de antelación. Esta situación les impide planificar vacaciones, mantener una vida social estable o acceder a derechos básicos como la conciliación familiar. El problema no es nuevo, pero persiste pese a reformas y sentencias europeas.

¿Quiénes son los responsables directos?

1. Las Comunidades Autónomas (CCAA), principales gestoras del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La sanidad pública está transferida a las autonomías (en Ceuta y Melilla no es así, ya que depende del Estado) desde hace décadas. Estas gestionan los Servicios de Salud (SERMAS en Madrid, SAS en Andalucía, Sergas en Galicia, etc.), elaboran las plantillas orgánicas, convocan oposiciones y firman los contratos. Muchas CCAA han mantenido tasas de temporalidad por encima del 30-50% en sanidad durante años, cubriendo necesidades estructurales (plazas vacantes permanentes) con interinos y sustitutos.

Los gerentes hospitalarios y responsables de recursos humanos de los servicios autonómicos deciden día a día los contratos cortos, a menudo por «necesidad y urgencia» o acumulación de tareas, incluso cuando se trata de puestos fijos sin cubrir. Esto genera rotación constante, burnout y fuga de talento (miles de enfermeras emigran a otros países por mejores condiciones).

2. El Gobierno central y el marco legislativo estatal.

El Estado establece las bases a través de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Esta norma regula los contratos temporales (interinidad por vacante, sustitución, programas temporales), pero históricamente permitía renovaciones sucesivas sin límites estrictos, facilitando abusos.

En 2022, el Gobierno (entonces PSOE-Unidas Podemos) aprobó el Real Decreto-ley 12/2022, que limita la interinidad por vacante a un máximo de 3 años y define mejor las causas. También impulsó procesos de estabilización para reducir la temporalidad (afectando a decenas de miles de plazas). Sin embargo, la implementación depende de las CCAA y los resultados han sido desiguales.

El Estatuto de los Trabajadores y la Directiva europea 1999/70/CE prohíben el abuso de temporalidad, pero el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha señalado repetidamente deficiencias en la legislación y práctica españolas, exigiendo sanciones efectivas y mecanismos preventivos. El Tribunal Supremo ha ido aclarando supuestos de fijeza o indemnizaciones, pero sin conversión automática generalizada.

La precariedad no es (o no debería ser) inevitable; es el resultado de decisiones políticas y de gestión que priorizan el ajuste presupuestario inmediato sobre la estabilidad de los profesionales que sostienen el SNS

¿Por qué no contratos más largos o fijeza directa?

La legislación estatal (Estatuto Marco) prioriza el acceso por mérito y capacidad (oposiciones), lo que impide fijeza automática masiva por razones constitucionales. Sin embargo, permite contratos más estables (hasta 3 años en muchos casos) que no siempre se aplican. Las CCAA, como empleadoras directas, son las que más control tienen sobre la duración real de los contratos y la planificación de plantillas.

La precariedad no es (o no debería ser) inevitable; es el resultado de decisiones políticas y de gestión que priorizan el ajuste presupuestario inmediato sobre la estabilidad de los profesionales que sostienen el SNS. Sin un compromiso real de todas las administraciones para aumentar plazas estructurales y cumplir los límites temporales, miles de sanitarios seguirán con la maleta hecha y la agenda en blanco. Es un problema complejo que depende de varias administraciones enfrentadas. Es evidente que, pese a que las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias (y, por tanto, el día a día), el gobierno central/el ministerio de Sanidad son los que deben cambiar el marco legal para que los múltiples trabajadores temporales de la Sanidad dejen de ser ciudadanos de segunda y puedan tener una vida. El talante de la ministra García (más preocupada por luchar contra Ayuso) no vislumbra una solución, que debe partir de un gobierno que, por si lo anterior no fuese suficiente problema, no puede aprobar leyes en el Congreso al haber perdido también el apoyo de sus “socios” nacionalistas y proetarras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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