La Asociación TEAMA, que atiende a jóvenes y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) y otras patologías afines en Melilla, se ha concentrado durante la mañana de este miércoles ante la puerta de la Consejería de Políticas Sociales y posteriormente en el Palacio de la Asamblea, para exigir al Gobierno local, igualdad en la distribución de las subvenciones.
“Nos parecen discriminatorias las formas en las que se distribuyen las subvenciones”, ha señalado Susana Morillo, presidenta de TEAMA.
Denegación de línea de ayuda
Morillo ha explicado que concretamente, salen a la calle porque, en la última convocatoria de subvenciones de IRPF, donde solicitaron una línea de ayuda para el mantenimiento de la sede nueva de la asociación (puesto que tuvieron que abandonar la anterior por el mal estado en la que se encontraba), la entidad ha sido excluida por “no ser de interés”.
“Vemos que a otras entidades se les conceden hasta seis subvenciones de cantidades muy elevadas, partiendo de que son asociaciones que ya cuentan, a través de las subvenciones nominativas, con el 100% de los gastos cubiertos. A nosotros, a través de estas subvenciones nominativas, se nos cubre el 18%; por lo tanto, el 82% restante lo estamos pagando entre todos los padres, que le cuesta a cada familia entre 300 y 600 euros mensuales, para poder mantener a los más de veinte trabajadores que tenemos, además del alquiler y resto de gastos”, ha denunciado.
La presidenta de TEAMA, explica que es a través de este tipo de subvenciones de concurrencia competitiva, donde pueden equilibrar un poco esa descompensación de la ayuda económica, con respecto al resto de asociaciones.
“Somo la única entidad en la que los padres tenemos que pagar una cantidad mensual tan elevada. Hablamos de que tener un hijo con discapacidad es un gasto muy grande”, por lo tanto, “que la ciudad Autónoma haga ese reparto con tan poca equidad y con tanta desigualdad, no lo vemos nada justo”, ha sentenciado Susana Morillo.
Por todo ello, TEAMA exige “más transparencia”, así como conocer quiénes forman las Comisiones que determinan qué entidades son aptas o no, y qué criterios son los que puntúan.
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