El líder de VOX Melilla y portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea, José Miguel Tasende, ha cargado duramente contra la Ciudad Autónoma por aplicar recortes en el servicio de vigilancia mientras mantiene, según sus palabras, “el número máximo permitido por ley de asesores nombrados a dedo”.
“En Melilla necesitamos más vigilantes y menos asesores. No podemos desproteger nuestros monumentos ni los centros públicos”, ha declarado Tasende.
Tasende ha respaldado las quejas del colectivo de vigilantes de seguridad, que denuncia recortes en espacios clave como el centro de salud Zona Centro, La Purísima, el Baluarte y los fuertes Victoria Grande y Victoria Chica.
“Estos trabajadores sostienen a muchas familias melillenses. Hay que tener cuidado con lo que se está haciendo”, advirtió el diputado.
El portavoz ha recordado que en enero solicitó al Gobierno local el listado de personal de confianza, y recibió un mes después la confirmación de que se había alcanzado “el tope legal de asesores”.
Tasende justifica su preocupación por los recortes en el contrato de seguridad en los datos del propio Ministerio del Interior y en el informe nacional de personas desaparecidas, que incluye este año 40 casos en Melilla. También ha recordado que los robos con fuerza y los intentos de homicidio no han disminuido.
Además, ha citado el reciente ciberataque a la Ciudad Autónoma, que ha dejado parte del Ayuntamiento sin conexión a internet, como una prueba más de que la seguridad no puede verse como un gasto.
“La seguridad es una inversión. Crea empleo y genera confianza. En una ciudad con un 55,72% de paro juvenil, esto es clave”, ha recalcado.
Tasende ha vuelto a señalar la situación del centro de menores La Purísima, donde el pasado 28 de abril se produjo un motín con agresiones y, meses antes, un incendio provocado. A su juicio, recortar precisamente en ese espacio “es un error mayúsculo”.
“Proteger estos centros no es opcional, es una obligación. Y para eso se necesita personal suficiente”.
El diputado de VOX también ha criticado que se destinen recursos públicos a lo que denomina “políticas woke de ideología de género”, mientras se debilitan servicios básicos como la seguridad. “Aquí lo que hay que garantizar es la calidad de los servicios públicos. Todos somos españoles, no etiquetas”, ha afirmado.
También ha denunciado las malas condiciones laborales de muchos vigilantes: falta de aseos, garitas mal acondicionadas y precariedad en espacios públicos.
“Si se paga con dinero público, tiene que cumplirse la ley en prevención de riesgos laborales. No vamos a permitir que se perpetúe esta precariedad”, concluyó.
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