Carlos Entrena, un destacado jurista, reflexiona sobre la gestión empresarial frente a la burocracia en España.
El gobierno de coalición que preside Sánchez está en una situación política y judicial complicada y actúa a la desesperada intentando retener electores de izquierda e incluso incorporando al Censo Electoral nuevos nacionales. Actúa sin respeto a los principios esenciales de España como la soberanía nacional, la democracia limpia y el respeto a la propiedad privada y a la iniciativa empresarial y utiliza los problemas como “tapaderas” superpuestas. Quiere ocultar a la opinión pública las investigaciones por corrupción incluso sobre el propio PSOE, pretende incorporar al Censo más de un millón de nuevos electores mediante el otorgamiento improcedente de la nacionalidad española a más de un millón de solicitantes de nacionalidad cuya incorporación al Censo ha sido suspendida por el Tribunal Supremo por no haber probado previamente que son hijos o nietos de españoles exiliados entre el 18-7-1936 y el 31-12-1955 como exige la DA 8 de la Ley de Memoria Democrática, y que se han concedido en virtud de una Instrucción del Ministerio de Justicia que infringe la ley.
Entre las “tapaderas” debemos destacar la grave invasión de Ceuta por miles de ilegales que han desestabilizado la vida de la ciudad que está siendo investigada por la Audiencia Nacional por la negligente pasividad del gobierno en la defensa de la frontera, símbolo de soberanía nacional, a pesar de haber recibido con antelación informes de los servicios secretos alertando de la preparación del asalto. Tampoco reaccionó durante la invasión para la protección de los ciudadanos españoles ni después expulsando a los invasores. Lo ocurrido no fue un fenómeno migratorio sino la violación de la frontera con efectos perjudiciales para los ciudadanos españoles.
Ante este cúmulo de problemas, el gobierno ha colocado en el tablero de la opinión pública el supuesto drama del desahucio de “Maricarmen” llevándolo a la categoría de problema de la Vivienda que se ha revelado como una manipulación de una persona falsamente vulnerable que fue desahuciada por sentencia ya que el contrato del piso alquilado se había extinguido hacía 20 años exigiendo un inexistente derecho de prórroga legal. Esta cuestión se ha cerrado, pero ha servido de palanca para encender la calle animando a la protesta de la izquierda fanática con política demagógica sobre la vivienda, permitiendo incluso la ocupación de la Puerta del Sol.
Con este panorama, el gobierno pretende arreglar de un “plumazo” el asunto trascendental de la Vivienda (con mayúsculas) no lanzándose a construir viviendas sino a interferir toscamente en los contratos de arrendamiento pactados o que se pacten entre los propietarios y los inquilinos reforzando la intervención administrativa con dos improvisados Reales Decretos Ley que vulneran las competencias autonómicas y han sido dictados “en caliente” aunque no alcancen vigencia.
La Vivienda exige un análisis serio en dos ámbitos: la construcción y el arrendamiento. En ningún caso podrá arreglarse actuando “contra” el derecho de propiedad creando inseguridad jurídica y exigiendo a los caseros desproporcionadas condiciones que lleguen a vaciar de contenido el derecho de propiedad. La vivienda presenta actualmente en España un déficit de 800.000 viviendas con presión de demanda porque la inmigración ha incrementado la población en 3 Millones de personas. Conviene recordar que la crisis financiera de 2008 derribó muchas empresas promotoras, constructoras y a diversas Cajas de Ahorros imprudentes y que se paralizó la construcción. Cuando Sánchez llegó al gobierno en 2018 conocía la situación y la prueba es que prometía constantemente la construcción de CIENTOS DE MILES de viviendas sociales que no ha construido porque el gobierno no sabe y no se ha dejado asesorar por los empresarios. Ha hecho propaganda y tan solo ha promovido algún centenar. La solución la conoce perfectamente, consiste en construir, construir y construir, respetando la iniciativa inversora de aquellos a los que llama “buitres”. El caso exige modificar la Ley del Suelo para facilitar la calificación de suelo urbano para que el promotor pueda construir de inmediato, disponiendo de financiación adecuada y con la expectativa de obtener beneficios. Los prejuicios “anti empresa» son malos en una democracia liberal en Europa que defiende la libertad empresarial pues en un ámbito de libertad nadie puede ser carroñero. Es más sencillo ser carroñero en una economía dirigida y monopolista.
En resumen, el gobierno debe hacer exactamente la política contraria a la que hace: necesita estimular al empresario proporcionando facilidades urbanísticas y financieras para construir nuevas viviendas y a los propietarios les debe dar seguridad jurídica para que pongan sus viviendas en alquiler. Ello producirá el efecto de reducción de los precios de los alquileres por la conocida ley de la oferta y la demanda.
Carlos Entrena Palomero
Presidente del Club Liberal Español
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Tapadera tras tapadera. Ahora la vivienda
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