El Sindicato Médico de Melilla, tras la última agresión sufrida a finales del 2017, reclamó la detención y puesta a disposición judicial de todas aquellas personas que realicen actos antisociales o que obstruyan la atención sanitaria, independientemente de que haya existido agresión verbal o física. Asimismo, la detención y puesta a disposición judicial de todas aquellas personas que accedan a centros sanitarios sin disponer de cita o sin tener permiso específico para ello.
La organización ha reclamado "la equiparación de la violencia contra sanitarios a delito de terrorismo", así como "protección policial permanente en centros de salud y Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias", y cambios legislativos para equiparar las agresiones a personal sanitario a las agresiones contra autoridad.
También sugieren la "pérdida del derecho a la sanidad universal para los violentos, limitándose a atención urgente" y "expulsión del país de los extranjeros que atenten contra personal sanitario".
Además, recomiendan la "pérdida de cualquier tipo de ayuda pública, de cualquier entidad a usuarios violentos".
Por último, solicita un cambio en el status del personal sanitario para equipararlos al de autoridad, semejante a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, "incluyendo la formación en autodefensa e, incluso, la posibilidad de portar armas". Reconocen que algunas de estas propuestas son "contundentes, pero no por ello dejan de ser lógicas y objetivas, y es que la situación en Melilla es insostenible, no sólo a nivel sanitario, y requiere de medidas efectivas y eficaces".
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Sus demandas contra los agresores