Suárez-Valdés: El TSJ “remata a la Ciudad” en el caso de los aspirantes a Policía Local

El despacho de abogados que dirige Antonio Suárez-Valdés ha informado que el Tribunal Superior de Justicia ya había ratificado en fechas recientes algunas sentencias estimatorias de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Melilla que anulaban la declaración de no apto en la entrevista psicológica de varios aspirantes a Policía Local. Pero, asegura, finalmente al recurrir la sentencia se ha declarado el derecho del aspirante a ser declarado apto. Además, anunció que los aspirantes están valorando emprender acciones contra los responsables y en cualquier caso exigirán el pago de una indemnización que rondará los 100.000 euros por cabeza. El Tribunal Superior de Justicia ya había ratificado en fechas recientes algunas sentencias estimatorias. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Melilla, “con un criterio más que discutible” había fallado en el mismo caso y en relación con otros aspirantes a favor de la Ciudad.

Interpuesto por Antonio Suárez-Valdés, abogado de los aspirantes, recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla contra dicha sentencia, en fechas recientes el mismo les ha dado la razón, anulando la sentencia del Juzgado y declarando el derecho del aspirante a ser declarado apto en dichas pruebas de entrevista, lo que a buen seguro supondrá su acceso al Cuerpo de Policía Local, solo a falta del trámite del reconocimiento médico.

Consultado Antonio Suárez-Valdés, abogado de los aspirantes, el mismo refiere que esta nueva sentencia es “un mazazo” para la Ciudad Autónoma, por cuanto ratifica que “las declaraciones de no aptitud de los aspirantes fueron contrarias a derecho, basadas en una prueba desarrollada de forma arbitraria y contraria a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia”.

Según el letrado, los aspirantes están valorando emprender acciones contra los responsables y en cualquier caso exigirán el pago de una indemnización que rondará los 100.000 euros por cabeza.

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