Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han alcanzado un acuerdo para fijar como objetivo reducir en un 30% per cápita el desperdicio de alimentos en restaurantes, supermercados y hogares; misma cifra que puso Bruselas sobre la mesa al inicio de las negociaciones y que rebaja el 40% al que aspiraba la Eurocámara.
El pacto, que necesita aún el visto bueno formal tanto del pleno del Parlamento Europeo como de los Veintisiete para ser ley, prevé también normas comunes para contener el impacto de la sobreproducción de residuos textiles y de la moda «ultrarrápida y rápida», por ejemplo con los planes de responsabilidad para los fabricantes (PAR, por sus siglas en inglés), que obligarán a las empresas que vendan en la UE su artículos a cubrir los costes de recogida, clasificación y reciclaje por separado.
Con el objetivo de evitar el descarte prematuro de prendas u otros productos textiles –como mantas, cortinas, colchones o sombreros–, los gobiernos podrán adaptar las tasas pagadas por los productores en función de la duración de la utilización de los productos textiles y de su durabilidad.
El marco para el textil será aplicable 30 meses después de la entrada en vigor de la directiva y se aplicará a todos los productores, incluidos los comercios online o aquellos establecidos fuera de la UE. Las microempresas tendrían que cumplir con los requisitos de responsabilidad ampliada del productor 12 meses después.
En cuanto a los nuevos objetivos para reducir la cantidad de alimentos que van a la basura cada año, el acuerdo de principio establece porcentajes vinculantes para reducir los resudios anuales que deberán aplicarse a partir del 31 de diciembre de 2030. Así las cosas, los Estados miembro deberán recortar un 10% los residuos en la cadena de procesamiento y producción de alimentos y un 30% per cápita, en el comercio minorista, restaurantes, servicios alimentarios y hogares.
Estos objetivos se calcularán con respecto a los datos de desechos alimentarios generados como promedio anual entre 2021 y 2023. Según informa la Eurocámara, a petición de sus negociadores, los países de la UE tendrían que tomar medidas para garantizar que los operadores económicos que desempeñan un papel significativo en la prevención y la generación de residuos alimentarios (que se identificarán en cada país) faciliten la donación de alimentos no vendidos que sean seguros para el consumo humano.
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