Somos Melilla ha pedido al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla la creación de un cuerpo técnico de inspección que vele por el cumplimiento de los servicios públicos externalizados en la ciudad, como la limpieza o la gestión de las ludotecas.
Durante el pleno de control al Gobierno, el diputado de la formación localista, Amin Azmani, ha asegurado que conocen “desde hace muchos años” las denuncias de los trabajadores de las empresas adjudicatarias, así como de usuarios y beneficiarios de dichos servicios públicos, muchas de ellas “reiteradas y continuas en el tiempo”.
A su juicio, las “numerosas quejas” y denuncias suponen “un patrón de negligencia y de fallos sistemáticos en hacer cumplir las obligaciones estipuladas en los contratos externalizados”, lo que, según él, “compromete y pone en riesgo el bienestar de los beneficiarios” de estos servicios, poniendo a modo de ejemplo que empleados de una empresa de gestión de ludotecas estuviesen 3 meses sin cobrar sus nóminas.
“¿Qué clase de contratación pública y de sociedad estamos creando?”, ha preguntado Azmani, que ha criticado, además, la falta de medidas sancionadoras por parte del Ejecutivo melillense hacia las empresas adjudicatarias que acumulan “constantes” denuncias de incumplimientos de contratos públicos, como ‘Arquisocial’, encargada del centro de acogida de menores La Purísima.
El consejero de Hacienda del Gobierno melillense, Daniel Conesa, ha negado que existan incumplimientos “reiterados” de los contratos públicos por parte de las empresas adjudicatarias y ha acusado al diputado localista de lanzar un discurso “cargado de demagogia y muchas falsedades”.
Conesa ha explicado que los distintos servicios de la Administración local, en cuanto tienen noticia de algún incumplimiento por parte de contratistas, incoan los correspondientes expedientes, y ha señalado que los pliegos de cláusulas administrativas “siempre contemplan la obligación del contratista de responder a los salarios impagados a los trabajadores subrogados que puedan verse afectados”.
“La Administración, una vez que acredita la falta de pago del citado salario, procede a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios”, ha añadido Conesa, poniendo como ejemplo el caso de la empresa de limpieza ‘Hércules’, cuyas trabajadoras llevaban más de seis meses sin cobrar sus respectivas nóminas.
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