Somos Melilla ha manifestado su desacuerdo con el Gobierno de Juan José Imbroda, al que acusa de «cinismo» por presumir de participación ciudadana sin contar con un reglamento que permita a los vecinos participar activamente en la vida pública de Melilla. Carmen Molina, secretaria de Participación y Cultura de Somos Melilla, ha señalado que el Gobierno de la Ciudad Autónoma realiza una «operación de maquillaje político» al celebrar la XV Red Interautonómica de Participación Ciudadana en el Hospital del Rey, utilizando recursos públicos para proyectar una imagen de apertura que consideran irreal.
Molina ha descrito el evento como «uno de los espectáculos más cínicos» en los años de autonomía de la ciudad. Según Somos Melilla, resulta paradójico que se discuta sobre «Gobierno Abierto» e innovación pública sin las herramientas democráticas necesarias a nivel vecinal.
La dirigente ha reaccionado con sorpresa ante las declaraciones de Nasera Al-lal, viceconsejera de Movimiento Participativo, quien afirmó que la ciudad tiene «más que superada» la participación ciudadana. Molina cuestiona a qué Melilla se refiere Al-lal, pues los vecinos siguen esperando un Reglamento de Participación Ciudadana prometido hace más de 15 años. Recordó que el borrador de este reglamento existía desde 2008, pero quedó «en un cajón» por falta de voluntad política, asegurando que el Partido Popular teme un tejido vecinal organizado.
Además, Somos Melilla ha criticado que el Plan Anual Normativo de 2025 incluya nuevamente la aprobación de este reglamento como «tarea pendiente», una promesa cíclica desde 2008. La formación ha cuestionado las prioridades del Gobierno de Imbroda, que, según Molina, ha mostrado celeridad en cambios normativos para «compatibilizar los cargos públicos con los negocios privados», pero no en aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana.
Finalmente, Molina ha exigido un enfoque en la legislación que convierta la participación en un derecho. «Organizar unas jornadas no es participación, es propaganda», ha concluido, instando a que las jornadas tengan valor solo con un reglamento, juntas de distrito con competencias reales y presupuestos participativos vinculantes.
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