El secretario general del PP local, Miguel Marín, optó por no hacer ninguna valoración política sobre el registro policial que se llevó a cabo ayer en el domicilio en Madrid del abogado Gonzalo Boye, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales vinculado al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. Marín fue preguntado al respecto, al ser Boye el abogado que defiende a Coalición por Melilla (CPM) en su denuncia por el paso de borregos de Marruecos.
Marín cree que quien debe responder es la formación cepemista por elegir “este tipo de abogados” para que le represente y defienda en sus casos judiciales. No en vano, recordó que Boye fue encarcelado por colaboración con banda armada, concretamente con ETA. Además, también es “abogado de golpistas como Carles Puigdemont”. Por eso, el número dos del PP local cree que “es CPM quien debe responder por qué busca este tipo de abogados, habiendo miles en el territorio nacional”.
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