A Pedro Sánchez se le ve con ganas de derogar las leyes de reforma laboral y fiscal implantadas por el Gobierno de Rajoy. O lo que es lo mismo, se le ve con ganas de gobernar, pues para hacerlo, siquiera en los términos del más puro pragmatismo, cualquiera necesitaría dejar inmediatamente sin efecto esos ajustes de cuentas de los ricos que, si bien a ellos les hacen más ricos, empobrecen y miserabilizan a la nación, esto es, a la mayoría de sus habitantes.
Una ley, la primera citada, que sirve para pagar menos salario a los trabajadores, para despedirles a la francesa y para incrementar los beneficios empresariales que rara vez se reinvierten en la mejora de las compañías y del bienestar de sus empleados, y otra ley, la segunda, que complementa a la primera y renuncia a recaudar más entre quienes más tienen, tejen el dogal que asfixia a la economía y a quienes necesitan que ésta sea racional, social y útil, las personas.
Sin embargo, y si Sánchez y su remozado PSOE quieren de veras gobernar en beneficio de la gente y del país que compone, no habrán de ser las únicas "reformas" del gobierno del PP que necesiten demoler para que esto vuelva a parecerse, siquiera, a un estado algo democrático y, por qué no, algo próspero, así en bienes materiales como en cultura, justicia social y educación. De la estructura de ese Estado de Derecho que nunca llegó a rematarse no queda nada, ni la sombra de la sombra, tras las demoliciones de los últimos tiempos de pavoroso azul absoluto, y como quiera que quien habrá de hacerse cargo de éste descampado tras las próximas elecciones, inminentes ya, habrá de ser el PSOE, al que le toca por el riguroso turno establecido en la actual Restauración que tanto deplora Podemos y los que no somos Podemos, ya pueden ir poniéndose las pilas los de Sánchez no ya para hacer grandes florituras, sino para que España no se termine de ir al carajo o a los bolsillos de los chinos, de los rusos o de los grandes fondos extranjeros de inversión.
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Sánchez y la demolición
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