Siete meses de cárcel para los activistas rifeños por las protestas en Alhucemas

Según publica La Vanguardia, un total de cinco activistas fueron condenados a siete meses de cárcel cada uno con motivo de su participación en las protestas sociales del Rif. Los activistas están acusados de varios delitos como “concentración armada”, “instigación delictiva” o “destrozo de bienes públicos”. Según publica La Vanguardia en su edición electrónica, un total de cinco activistas rifeños pertenecientes al movimiento social de Hirak Rif han sido condenados en Marruecos a siete meses de cárcel por participar en las protestas sociales del Rif, concretamente por “concentración armada en la vía pública, instigación a cometer delitos, y destrozo de bienes públicos”; las protestas del Rif llevan sucediéndose desde que la muerte de un pescador en Alhucemas, Mouhcine Fikri, provocara la indignación popular y “empujase” a un gran número de ciudadanos marroquíes a “alzarse” (pacíficamente) contra el Gobierno.
Las condenas han sido dictadas por el Tribunal de Primera Instancia de Alhucemas, mientras que a los líderes del movimiento se les está procesando en Casablanca, donde se encuentran en prisión provisional en la cárcel de Ain Sebaa.
Según publica La Vanguardia, fuentes de defensa confirmaron que el Tribunal de Alhucemas condenó también a otro activista a cinco meses de prisión, aunque dicha pena habría quedado en suspensión.
Según denunció Amnistía Internacional hace meses, más de 400 activistas políticos rifeños pertenecientes al movimiento “Hirak Rif”, están siendo juzgados o cumpliendo penas que van desde los 6 meses hasta los 20 años en las prisiones de Casablanca y de Alhucemas. Entre los detenidos se encuentra Nasser Zefzafi, el líder de Hirak Rif, un ciudadano de Alhucemas de ascendencia política muy implicado en el activismo rifeño.
Para Amnistía Internacional, que ha solicitado la liberación de todos los presos en varias ocasiones, estos activistas encarcelados son “reos de conciencia” (el equivalente, en la terminología usada por Amnistía Internacional, a “presos políticos).
A estas condenas se suman otras tantas ya dictadas por el Gobierno del país vecino, condenas que llegan en un clima de agitación social que persiste y que no parece mejorar, máxime cuando se dan situaciones de cuestionable legalidad, como pueden ser la detención y el procesamiento de menores de edad, los maltratos bajo custodia policial o la elaboración de acusaciones basadas en “pruebas falsas”.

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