Sentencias de hasta 16 meses de prisión y 600 euros de multa por agredir a sanitarios

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) reiteró ayer su posicionamiento en la tolerancia cero ante las agresiones al personal sanitario, condenando cualquier acto de violencia, tanto verbal como física contra estos profesionales en su puesto de trabajo. La mayor implicación del Ingesa con sus trabajadores en estos casos, unida a la reforma legal que considera atentado la agresión al personal sanitario en su puesto de trabajo, ha permitido endurecer las sentencias contra los agresores, que han llegado a incluir condenas de hasta 16 meses de prisión y 600 euros de multa, más la condena en costas procesales. El Ingesa quiso mostrar su “firme propósito” de seguir apoyando a sus trabajadores ante las agresiones y perseguir a aquellas personas que las cometan, “con el máximo rigor que la legislación vigente permita”. Por ello, en el Día Nacional contra las agresiones a sanitarios conmemorado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España el pasado miércoles, la Dirección Territorial del INGESA en Melilla asumió el lema «Ante las agresiones a sanitarios, tolerancia cero».

Son atentados
El Ingesa recordó en una nota de prensa que considera que las agresiones al personal sanitario son atentados y no faltas leves y así lo ha mantenido en cuantos procesos judiciales se ha personado como acusación para que se pene a los culpables de estos reprobables actos.
La Dirección Territorial del Ingesa reiteró que ha sido y será inflexible en la utilización de todas las vías, incluida la penal, para que las personas agresoras respondan de sus actos ante la Justicia. Por ello, su representación jurídica tiene instrucciones de personarse como acusación en todos estos casos.
Así, la Administración sanitaria recordó que el protocolo que se sigue en caso de agresión prevé la asistencia médica al profesional que haya sufrido una agresión, incluyendo el correspondiente parte de lesiones, no sólo en los supuestos de lesiones físicas sino también cuando se produzca cualquier alteración o menoscabo psíquico. Para ello el Ingesa pone a disposición de las víctimas por agresión los servicios de apoyo médico y psicológico que necesite el profesional agredido.
Asimismo, prevé asesoría jurídica y asistencia letrada. En todos los casos de delitos y faltas perseguibles de oficio, el Ingesa se persona en el procedimiento y un letrado del organismo asiste jurídicamente al profesional durante todo el proceso judicial.
Otra de las acciones que realiza el Ingesa ante casos de agresión es formar al personal para prevenir hechos de este tipo. Así, se han realizado cursos y talleres para tratar de que no se den situaciones conflictivas y, sobre todo, para actuar de forma conveniente cuando se produzcan.
En abril del pasado año, ante la gravedad de lo sucedido en un hecho de este tipo, la Dirección Territorial del Ingesa ordenó la revisión de los procedimientos para que la presencia del personal de seguridad en estos casos fuera lo más rápida posible.
En el periodo 2005/2011, en 7 de las 68 denuncias de agresión efectuadas se logró la consideración de delito. En el período 2012-2015, esa cifra se ha duplicado, en especial durante 2015.
Según el Ingesa, esto se debe a su mayor implicación con sus trabajadores en estos casos, persiguiendo una mayor sensibilización social, y también por la reforma legal que considera atentado la agresión al personal sanitario en su puesto de trabajo.
La Administración sanitaria considera que fruto de estos cambios producidos en el último cuatrienio son “las sentencias ejemplificantes”, dictadas en los juzgados de Melilla en estos casos.

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