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Se cumple un lustro de la legislación que puso plazo para el pago a proveedores

Acaban de cumplirse cinco años de las normativas que impulsó el Gobierno de Rajoy a principios de su primera legislatura para establecer un plazo máximo al pago a proveedores por parte de las administraciones públicas. Ayer, precisamente, se cumplió ese primer lustro de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que introdujo el concepto de periodo medio de pago como expresión del tiempo de pago de la deuda comercial. Esta Ley incorporó el principio de sostenibilidad financiera como principio rector de la actuación económico financiera de todas las administraciones públicas. En el texto de la normativa se establece que dicha sostenibilidad financiera se garantizaba no solo con el control de la deuda financiera, sino también con la deuda comercial. Por ello, el objetivo de esta Ley era garantizar el pago en 30 días a los proveedores, ya que un mayor retraso de las administraciones públicas para solventar esta deuda, además de un mayor riesgo de incumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, también suponía un grave perjuicio económico para el sector privado.

Otros mecanismos
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera vino precedida de otros mecanismos que el Gobierno de Rajoy puso en marcha para tratar de zanjar el problema del retraso en el pago de las administraciones públicas con los proveedores.
Uno de ellos fue la publicación de los planes de pago a proveedores, además del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
Esta normativa estableció un mecanismo de pago excepcional para el pago y cancelación de deudas con proveedores de entidades locales y su financiación. Además, se impuso un modelo de saneamiento financiero tutelado y obligado para todo el sector público, evitando así el impago de facturas desde las administraciones públicas, ya fueran de ámbito local, autonómico o central.
Este aniversario se cumple escasos días después de que MELILLA HOY informara de que la Ciudad Autónoma de Melilla incumple esta Ley. Según el último informe del Periodo Medio de Pago a Proveedores, correspondiente al tercer trimestre de 2016, la Administración local ha batido todos los récords de retrasos en afrontar sus deudas con las empresas que trabajan para ella. En concreto, estos informes señalan que la Ciudad Autónoma tarda en pagar a sus proveedores una media de 88,21 días, casi el triple del plazo máximo de 30 días que la Ley establece para que las Administraciones Públicas afronten esa deuda con las empresas.