SATE-STEs demanda salud y una mayor estabilidad en el empleo para los docentes

Este año, según señala SATE-STEs en un comunicado, la celebración llega marcada por la crisis originada por el coronavirus, “que ha provocado una alteración drástica de costumbres, derechos y garantías tanto personales como colectivos, a la vez que está teniendo unos efectos económicos que ponen en peligro bienes tan esenciales como son la salud y la educación de miles de millones de personas”. A lo largo de este año, prácticamente la totalidad de la enseñanza que se imparte en todo el mundo, ha debido interrumpir la presencialidad de la educación, para explorar nuevas formas de aprendizaje, a través de la enseñanza a distancia apoyada en aparatos tecnológicos. Incluso, destaca SATE-STEs que, en el momento actual, “alrededor de 700 millones de estudiantes no han recuperado la enseñanza presencial, lo que puede conllevar graves consecuencias como el aumento de desigualdades y agrandar la brecha social”. Por otra parte, señaló el sindicato, los países que han recuperado la actividad lectiva presencial, han debido implementar medidas para asegurar la salud de toda la comunidad educativa, que es lo mismo -en este caso- que decir, de toda la sociedad, ya que el contagio que provoca el virus COVID-19 no se limita a sectores concretos. Sin embargo, esas medidas no han sido las adecuadas en algunos países. En España, con la excepción de alguna Comunidad Autónoma, tampoco. La lista de medidas que se deberían haber implementado y no se ha hecho, es larga: no se ha rebajado la ratio –o, como en Melilla, se ha reducido a la mitad el horario de permanencia del alumnado en los centros-, no se ha contratado el número de profesorado necesario –el aumento de docentes experimentado en Melilla, con ser muy notorio, no llega ni a cubrir los 220 docentes necesarios para igualarnos a la ratio alumno-profesor del conjunto del Estado- , en la mayoría de Comunidades Autónomas no se han realizado pruebas PCR a los miembros de la comunidad educativa, no se está protegiendo al profesorado con especial vulnerabilidad, entre un largo etcétera.
Además, la situación laboral no es mucho mejor. Los contratos que se están realizando al profesorado que se contrata es, en muchos casos, de una duración limitada, ahondando en un problema ya endémico en la Administración de nuestro país: la precariedad en el empleo. Varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señalan que el Estado Español ha cometido fraude ley y ha abusado en la contratación del personal interino que ha concatenado contratos durante más de tres años, ya que, “sobre la base de una relación de servicio de duración determinada”, estas personas han “desempeñado de forma constante y continuada las mismas funciones, cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado público en esa plaza vacante se debe al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar en el plazo previsto un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante”.
A pesar de ello, actualmente alrededor de 170.000 docentes en el sistema educativo no universitario de nuestro país, están en situación de interinidad. Urge una solución, ya que mientras esta no se dé, todas las declaraciones políticas de respeto y ensalzamiento hacia la figura del docente, no dejarán de ser palabras huecas, que no se traducen en hechos. Como lo son “las que escuchamos estos días por parte de responsables ministeriales y de las consejerías autonómicas, mientras dejan al profesorado expuesto en medio de una pandemia sin paragón en el último siglo”.

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