Sanchismo es corrupción

Desde hace años la crónica política está dominada por las tropelías del Gobierno de Pedro Sánchez, pero esta semana se han producido tantas que apenas si hay espacio para su simple enumeración.

La más importante, claro está, es la miserable aprobación de la ley de Amnistía, que como era de esperar ha sido recibida por sus principales beneficiarios, Esquerra Republicana y Junts, con su reclamación de un futuro referéndum de independencia. Se confirma, de ese modo, que la iniciativa del PSOE sanchista es digna de un colectivo de idiotas. No hay progreso de la convivencia, sino un paso que favorece las aspiraciones de los separatistas, al servicio de que el indigno Pedro Sánchez continúe en el palacio de la Moncloa. Todo el proceso de la proposición de ley ha sido y es una pura mentira.

Podría seguirse con la conmemoración de los 20 años del sangriento atentado terrorista del 11 de marzo e 2004. El Gobierno excluyó del acto al presidente del Partido Popular y ganador de las últimas elecciones generales, Alberto Núñez Feijoo, en lo que ha sido un manifiesto caso de sectarismo.

En sintonía con tal despropósito, el Gobierno y de forma destacada el todavía presidente Sánchez, no centraron sus manifestaciones públicas en el recuerdo de las víctimas, sino en acusar al entonces presidente José María Aznar de ocultar información en beneficio de su interés político. Fue exactamente al revés. El Gobierno del Partido Popular no ocultó ninguna noticia sobre la investigación y difundió, en todo momento, los análisis que le suministraban el ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia. Fue el Partido Socialista, con Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba al frente, apoyados por una cadena SER convertida en medio de agitación, quien mintió sin parar: desde la falsa aparición de terroristas suicidas hasta la quiebra del día de reflexión y la denuncia de que el Gobierno ocultaba información relevante. Con ello aseguraron el éxito del golpe de Estado que era el objetivo de los terroristas.

Tan importante como ello fue que, en el pleno del Senado, Pedro Sánchez se negó a responder a las preguntas de la oposición sobre el caso Koldo y contestó, en su lugar, con las falsas acusaciones del comportamiento de Aznar veinte años antes. Es decir, con una manifiesta vulneración de los comportamientos democráticos, al servicio, como siempre, de la mentira. Sánchez no ha sido nunca un demócrata, pero en los últimos meses se ha convertido en un acérrimo enemigo de la democracia. Su modelo es el de repúblicas bananeras tipo Venezuela.

Es el mismo que sigue la doctora Montero, número dos en el Gobierno y en el PSOE, vicepresidenta e inverosímil ministra de Hacienda, que se ha visto envuelta en un asunto muy turbio, como es la difusión de información de la Agencia Tributaria sobre Alberto González. pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Resulta de todo punto intolerable que se le pueda reprochar a alguien por supuestas irregularidades de su pareja en las que no ha tenido nada que ver, pero es que además esa filtración de datos es un delito. Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso, exaltó la mentira hasta el punto de exigir por cinco veces la dimisión de Ayuso, lo que fue un repetido ejercicio de cara dura y de falta de vergüenza. Le secundó, claro está, la mediocre banda que preside, incluida la patética y sectaria ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Por no hablar de la vulneración de la presunción de inocencia y de la difusión de relaciones entre abogado y cliente.

No puede descartarse que el asunto tenga consecuencias penales, puesto que González piensa querellarse contra la vicepresidenta. La tal Montero anunció las actuaciones contra la pareja de Ayuso antes de que se publicara en medios de comunicación. Luego mintió al manifestar que lo dijo tras conocerlo por los medios, pero resulta, criatura, que las cámaras registran el día y la hora de las grabaciones. Así pues, mentira sobre mentira, que tanto a la vicepresidenta como al director de la Agencia Tributaria y a la Fiscalía puede llevarlos a la cárcel. Los delitos que se les reprochan son tan graves que llevan aparejada la pena de prisión.

No estarían solos en el centro penitenciario correspondiente. Allí se encontrarían, si progresa el escándalo de las mascarillas, con la presidenta del Congreso de los Diputados, “Paquita” Armengol, su inútil letrado mayor, los ministros de Interior y Administración Territorial, el ex ministro José Luis Ábalos y sus colaboradores y asesores. ¡Menuda juerga!

Fuera del recinto, pero inhabilitado, podría estar el mismísimo Sánchez, por no abstenerse en el consejo de ministros que aprobó las ayudas al grupo de Air Europa, que patrocina la cátedra de su esposa Begoña Gómez. Les recomiendo, por cierto, el vídeo en que Begoña patrocina su curso. Para llorar de risa.

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