El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, planteará a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes de este viernes triplicar la inversión pública en vivienda, alcanzando los 7.000 millones en los próximos cuatro años, a la vez que les propondrá la posibilidad de crear una base pública de precios de alquiler y compra/venta de inmuebles.
Según ha informado Moncloa, Sánchez ha enviado una carta a los presidentes autonómicos para que la Conferencia de Presidentes de Barcelona sirva como punto de partida para la aprobación de un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda.
En este contexto, propone basar este acuerdo en diversos compromisos, como el de triplicar la inversión pública en vivienda, pasando de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal 2022-2025 a unos 7.000 para el periodo 2026-2030.
Desde el Gobierno central se comprometen en el nuevo plan a aportar el «grueso» de esa suma, unos 4.000 millones, siempre y cuando las comunidades autónomas «asuman su corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones».
Al hilo, Sánchez recuerda que la política de vivienda es una competencia compartida y que las comunidades «nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora», por lo que sostiene que «es esencial que parte de esos recursos se destinen a construir y rehabilitar más vivienda pública, en régimen de propiedad y alquiler».
Una base de datos pública
Asimismo, el presidente del Gobierno propone a las comunidades «acabar con el monopolio de la información de los portales privados» y crear una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad.
«Solo con esa transparencia se podrán diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa», defiende Moncloa.
En otro orden de cosas, Sánchez también ha planteado a las comunidades la posibilidad de blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública.
«En los últimos 45 años, las Administraciones públicas construyeron en España más de 2,4 millones de viviendas protegidas, pero la práctica totalidad de esas viviendas acabaron siendo descalificadas y vendiéndose en el mercado libre a precios elevados o en manos de fondos buitre», sostiene Moncloa.
Por ello, el Gobierno quiere que los presidentes autonómicos se comprometan a que todas «las viviendas que se financien con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de vivienda protegida y, por tanto, ofrezcan siempre una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía».
Sánchez concluye su carta animando a los presidentes a estudiar sus propuestas para poder debatirlas «»de forma serena y constructiva este viernes» y lograr «llegar a un acuerdo antes de verano».
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