El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado a todas las administraciones públicas, como las comunidades autónomas, que apliquen la Ley de Vivienda, que está «funcionando» y lo que no funciona es «cruzarse de brazos» a la hora de afrontar el problema del acceso a la vivienda que tienen muchos ciudadanos en el país.
Así se ha pronunciado Sánchez durante su intervención en el acto acto de entrega de llaves de una promoción de 218 viviendas públicas de alquiler asequible en la Hacienda El Rosario, de Sevilla. En el acto también han intervenido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, mientras que ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
Sánchez ha trasladado su felicitación a las personas que van a llevar de «vida» esta viviendas, porque la llave que van a recibir abre mucho más que la puerta de una «nueva vivienda, lo que hace es abrir nuevos horizontes personales y, sobre todo, un proyecto de vida en un hogar digno».
Según el presidente, «sólo desde el acuerdo» se puede afrontar el «tremendo desafío» que supone el acceso a la vivienda, «que es una de las principales fuentes de desigualdad, si no la principal, que ahora mismo sufre la clase media y la clase trabajadora en nuestro país».
Ha indicado que a todas las administraciones le «toca arrimar el hombro» para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna, y que «sea un derecho, y no un privilegio al alcance de unos pocos».
«Desde ese punto de vista, el Gobierno de España está haciendo su parte y está arrimando el hombro para que hagamos realidad entre todos ese derecho constitucional, y no vamos a parar hasta que ese derecho a una vivienda digna y su acceso sea el quinto pilar del estado del bienestar», ha indicado Pedro Sánchez.
Ha defendido la Ley de Vivienda aprobada por su Gobierno (que en su día fue recurrida en varios puntos por el PP en el Tribunal Constitucional y las comunidades gobernadas por ese partido anunciaron que no la aplicarían), apuntando que tiene la «justicia social» es lo que la inspira, con una «filosofía intachable» de que la «vivienda sea un derecho y no un lujo». Ha indicado que se trata de una «buena» norma que está dando resultados donde se está aplicando, como demuestran «los datos».
Así, ha expuesto que en Cataluña, comunidad gobernada por el PSC, con la aplicación de la Ley de Vivienda, «los precios han bajado una media del 3,7 por ciento en las zonas tensionadas y un 6,4 por ciento en una ciudad altamente tensionada como es la ciudad de Barcelona», mientras que, en contra de lo que vaticinaron algunos, «no solo hay más pisos en alquiler, sino, y esto es lo importante, los contratos son más estables porque desaparecen los incentivos perversos para especular con el alquiler y también con la compra-venta de esas viviendas».
Por ello, el presidente ha expresado que le «gustaría instar a todas las administraciones públicas a que apliquen la Ley de vivienda», no «para darle la razón al Parlamento nacional y al Ejecutivo, sino simplemente para dar soluciones a los ciudadanos y ciudadanas que demandan de las administraciones esa colaboración y la aplicación de leyes que sean en su propio beneficio».
Ha recalcado que la Ley de Vivienda funciona donde se desarrolla y se ejecuta y lo que, sin duda, «no funciona es lo que piden algunos, y es que nos crucemos de brazos».
Durante su intervención, el presidente ha hecho un balance de lo que se ha realizado en materia de vivienda en los últimos siete años, apuntando que su Gobierno ha «multiplicado por ocho el presupuesto» para estas políticas de vivienda, con avales para compra y bonos de alquiler para jóvenes.
Se ha referido al impulso de la colaboración público-privada, con 4.000 millones en avales ICO para la construcción de nueva vivienda, y una inversión «que no tiene precedentes en la historia de nuestro país».
Ha expuesto además que ese compromiso está muy presente en Andalucía, con 34 millones de euros al bono de alquiler joven en la convocatoria del año 2024; 638 millones de euros para la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana, y casi 1.300 millones de euros, en los últimos siete años, para construir y para rehabilitar más de 44.000 viviendas en la comunidad. Solo en la ciudad de Sevilla, según ha apuntado, el Ejecutivo nacional ha financiado la construcción de más de 3.400 viviendas en alquiler a precio asequible.
Según el presidente, los ciudadanos reclaman a sus administraciones medidas para que el mercado de la vivienda actúe «con la ley de la razón y de la justicia social, y no con la ley de la selva», y que se evite que «fondos buitres y especuladores hagan y deshagan a su antojo».
En definitiva, según ha señalado, los ciudadanos piden que «blindemos el parque público de vivienda, porque al final lo estamos pagando todos con nuestros impuestos, para que lo que se construye con el dinero de todos lo sea para siempre».
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