Ante las declaraciones expresadas en los medios de comunicación por un miembro del Consejo de Administración de Emvismesa, en relación a mi retribución económica como Presidente del Consejo de Administración, manifestar que:
Siempre he pretendido actuar conforme al Ordenamiento Jurídico, y puesto que, el Art. 21 de los Estatutos de Emvismesa dice: "Con carácter general, las remuneraciones de los Consejeros y de los miembros de la Junta General, consistirá en dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración yola Junta General, que dentro de los límites establecidos por la Ley (Ley 53/84, Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones públicas, Real Decreto 2568/86, R.O.F.), será idéntica a la que se fija para la asistencia a las Comisiones Informativas y Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, respectivamente".
Además, el Consejo de Administración podrá acordar que el cargo de Presidente sea retribuido, fijándose como límite máximo la retribución equivalente a la fijada para los miembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluidos todos los conceptos retributivos, actualizaciones y mejoras a los que éstos tengan derecho, en el momento de la adopción del acuerdo sobre retribución y siempre que tenga Dedicación Exclusiva para dicho cargo.
La Junta General de Accionistas, el pasado día 7/9/15 aprobó por Mayoría Absoluta a propuesta de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones, la política de Retribución de los miembros del Consejo de Administración, en la que se incluía, además de las dietas de los Consejeros, la retribución y la cuantía del Presidente del Consejo.
El Consejo de Administración en su reunión del pasado día 16/10/15 me nombró Consejero-Delegado-Presidente y ante la necesidad de dedicarme exclusivamente al desempeño de las funciones de Presidente del Consejo de Administración, es por lo que se incluyó mi retribución en el Orden del Día, que si bien, por defecto de forma quedó sobre la mesa.
Quiero resaltar, que nunca he obrado de mala fe y sí, en el convencimiento de tener los suficientes fundamentos legales y morales para ejercer con todos los derechos y obligaciones y a plena dedicación en el cargo de Presidente-Consejero-Delegado.
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