Rouco advierte de que la reducción de la clase de Religión “no tiene base jurídica”

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha advertido de que la reducción de la clase de Religión a una sola clase semanal de 45 minutos o la "eliminación explícita o implícita" de esta materia "no tiene ninguna base jurídica". Así lo indica en una reflexión sobre la enseñanza de la Religión, en la que dice que la noticia de la reducción a 45 minutos de la clase de Religión en Ceuta y Melilla –dependientes de la Administración Central del Estado– le lleva a calificar de "extraordinariamente escasa" la "estima de lo que vale y significa la educación religiosa y moral en la formación integral de la persona". "No hay ninguna base jurídica para una reducción administrativa de horarios y, menos, para la eliminación explícita o implícita de la clase de religión en ninguno de los niveles educativos bien sea en el formato didáctico actual o en el dispuesto para el próximo curso en los Reales Decretos de aplicación de la nueva legislación", explica. Asimismo, dice que esta situación le "fuerza a pensar" que la garantía constitucional al derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones "se presta cicateramente".

Señala que, cuando el tratamiento didáctico de la clase de Religión Católica "raya en la no observancia de lo establecido en el Artículo II del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales", la impresión de "un mal trato normativo" a la enseñanza de la religión "se confirma plenamente". Según el Concordato, "los planes educativos incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales".

Trato deficiente
Para Rouco, es "bien difícil" explicar el porqué y el cómo del, a su juicio, "más que deficiente trato adoptado por la Administración del Estado para la enseñanza de la religión en la nueva planificación escolar". Además, se pregunta si "se pretende de verdad superar la crisis del sistema educativo, considerada por muchos como una de las causas principales de la crisis social y económica general, sólo a partir de la educación y fomento poco menos que exclusivo de las facultades y posibilidades técnicas, instrumentales, físicas y psíquicas de los alumnos".

A su juicio, la administración educativa se "equivoca" al propiciar un camino pedagógico y didáctico en el que no tiene en cuenta "la importancia de la educación religiosa y moral –en el caso de España, la católica– para conocer y valorar la propia historia en toda su complejidad cultural, socio-económica y política". En todo caso, el cardenal cree que "aún hay tiempo" para volver al "buen camino del debido tratamiento jurídico-administrativo" de la enseñanza de la Religión antes de que comience el próximo curso escolar. "A los padres de familia católicos, a la comunidad eclesial y a sus pastores, nos urge tomar de nuevo conciencia viva y activa de la gravedad de un problema que afecta de lleno al futuro del bien integral de nuestros hijos", subraya.

LOMCE
Con la LOMCE, el Gobierno asigna a Ceuta y Melilla una unidad semanal de 45 minutos como mínimo. Fuentes del Ministerio de Educación indicaron a Europa Press que si el Consejo Escolar o la dirección del centro considera oportuno ampliar este horario, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) les da la posibilidad de hacerlo. Para el resto de comunidades autónomas, con las competencias transferidas, el ministerio no ha establecido ningún horario mínimo.

Los obispos españoles se han mostrado "preocupados" por esta "reducción a la mitad" de las horas dedicadas a Religión en Primaria y han advertido de que el desarrollo normativo de la LOMCE no respeta el derecho de los padres a educar a sus hijos desde sus convicciones, ni los Acuerdos Iglesia-Estado. En este sentido, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, anunció el pasado viernes que si esto no se corrige, pedirá al Gobierno que desarrolle "una normativa, un Decreto Ley que establezca el horario mínimo de esta enseñanza".

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