La vicepresidenta primera del Gobierno de Melilla, Gloria Rojas, justificó ayer el gasto de 300.000 euros mensuales que está asumiendo la Ciudad Autónoma en la acogida de más de 350 marroquíes bloqueados por el cierre fronterizo, los 55 subsaharianos que saltaron la valla el día 6 y 200 menores extranjeros no acompañados realojados en el camping de Rostrogordo. A preguntas de los periodistas, Rojas consideró que no es “un gasto excesivo” y había que hacerlo porque la Ciudad Autónoma “no puede dejar a gente en la calle” no solo “por humanidad”, sino también por razones de salud pública ante una pandemia como esta. Señaló que la Ciudad Autónoma, junto con la Delegación del Gobierno, “tiene la responsabilidad de proteger a la ciudadanía melillense” y las personas que han sido acogidas por la Administración local en tres zonas diferentes de Melilla no pueden regresar a su país con la situación actual.
El consejero de Salud Pública, Mohamed Mohamed Mohand, dijo el miércoles que iba a plantear este asunto con la Secretaría de Estado de Migraciones para plantearle que debe ser el Ministerio el que se haga cargo del gasto que está asumiendo en estos momentos la Ciudad Autónoma. Rojas dijo desconocer “en qué ha quedado” esa petición, aunque emplazó a una rueda de prensa de Mohand anunciada para hoy, que finalmente no ha sido convocada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma.
La vicepresidenta también dijo que no tiene “ni idea” de si alguna de las empresas contratadas para atender a estas personas es cercana a alguno de los miembros del Gobierno, ya que afirmó que está centrada en ayudar, colaborar y en que “esto salga hacia adelante y la ciudad recupere la normalidad lo antes posible”.
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