República absolutista catalana

Si hicieron saltar por los aires de forma vergonzosa la unidad que pedían los ciudadanos tras el atentado de Barcelona, y diseñaron, minuciosamente, una repugnantemente utilización política de la manifestación contra el terrorismo, cualquier cosa es posible en el camino hacia ninguna parte emprendido por los independentistas catalanes.
De ahí esa pantomima que denominan, ostentosamente, ley de transitoriedad con la que pretende dar cobijo a la desconexión con el resto de Espana si el 'sí' gana en el referéndum ilegal independentista anunciado para el 1 de octubre, aunque mal que les pese nunca se celebrará. El proyecto normativo ya ha sido registrado en el Parlamento catalán y en el mismo conceden a su República absolutista catalana y de pacotilla, el derecho a asumir la titularidad de cualquier bien del Estado ubicado en Cataluña, de crear su propio Tribunal Supremo, de obligar a los jueces de tribunales españoles a concursar para obtener una plaza en la Administración de Justicia Catalana, de impagar la deuda si el Gobierno no acepta negociar su abono, o, incluso, de controlar su espacio aéreo, marítimo y terrestre. Aunque la Ley de Transitoriedad no lo precisa, el Ejército español deberá abandonar Cataluña si el 'sí' ganara en el referéndum, al ser considerado una institución más del Estado, tal como recogían ampliamente ayer los periódicos.

La norma ficticia enseña, además la patita del absolutismo en una amplia parte de su articulado y fija una suerte de nacionalidad catalana por imposición para todas las personas que posean la nacionalidad española y estén empadronadas en un municipio catalán antes del 31 de diciembre de 2016 y no exige, pero si permite, renunciar a la nacionalidad española.

La ley, como punto previo a la Fundación de cualquier estado totalitario que se precie, solo necesitaría de mayoría absoluta para ser aprobada por el órgano que pretende suplantar al Parlament y entraría en vigor si la ciudadanía la respaldase en un nuevo referéndum, en el que también bastaría con un voto de diferencia a favor del 'sí. Algunos la han llamado ley golpista porque está claro, que de entrar en vigor, cosa que no va a suceder de ninguna de las maneras, supondría una usurpación de la soberanía nacional, que recae en todo el pueblo español, al margen de cualquier legalidad nacional e internacional.

Pero al margen de todo esto no es baladí que sean los grupos antisistema quienes, al final, estén marcando el guion y marcando la pauta de todo este despropósito muy por encima y por delante del partido de Puigdemont que -aterrorizados como están por el futuro judicial que les espera y en un intento vano de protegerse- están dejando la iniciativa a los radicales. Por eso la primera decisión de ese nuevo poder judicial que dibujan será la de amnistiar a los procesados por el proces, una medida que afectaría a Mas, a los ex consellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, y a Forcadell, presidenta del Parlament.

El presidente de Llibertats, entidad que agrupa a juristas catalanes contrarios al proceso independentista, ha asegurado que la Ley de Transitoriedad Jurídica no pasa ningún filtro de los estándares de democracia europeos, por lo que es un golpe a la democracia y así es sin duda.

Lo único positivo de todo esto es que este órdago ha conseguido unir al Gobierno y PSOE, aunque ambos partidos tengan una visión diferente de cómo abordar en el futuro el tema catalán. En lo que están de acuerdo y ojalá que no sea solo un espejismo puntual, es en la defensa de la legalidad para frenar el referéndum del 1 de octubre y en que la respuesta al desafío separatista debe ser conjunta.

Los partidos constitucionalistas no pueden mostrar ni una mínima fisura cuando de lo que estamos hablando es de las cosas de comer, o lo he es lo mismo, del concepto y la unidad de España como nación. Ojalá que estén a la altura de las circunstancias porque el tema no es ni mucho menos una nadería y sería un error político garrafal minusvalorar su trascendencia .

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