Reconoce el delito contra la salud pública pero se niega a aceptar la pena de la fiscal

El procesado por un delito contra la salud pública reconoció que los agentes le sorprendieron trasladando 42 kilos de hachís en su coche, sin embargo, declinó la opción de llegar a una conformidad al estar en desacuerdo con la pena mínima que le reclamaba el Ministerio Fiscal, de 3 años y 9 meses por ser reincidente. Según intentó justificar, le dijeron que iba a trasladar en el coche dos o tres kilos, por lo que desconocía la cantidad real que portaba. Además, aseguró que no se encontraba en sus plenas facultas por sufrir insuficiencia respiratoria. A pesar de reconocer los hechos que se le imputaban, el acusado por un delito contra la salud pública se negó ayer en rotundo a aceptar la pena mínima que le pedía el Ministerio Fiscal. El procesado prefirió acogerse a su derecho a declarar antes que llegar a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su condena, aún admitiendo que el pasado 24 de marzo desplazó droga en un vehículo que conducía a cambio de dinero.
“No pensaba que me iban a meter tanta (droga), me dijeron que iban a ser solo dos o tres kilos de hachís”, se excusó. Le incautaron 42 kilos. Según expuso “no sabía de qué iba nada”, sólo que le iban a pagar 2.400 euros y a entregar el coche. El hombre intentó convencer a la fiscal de que aquel día no se encontraba en sus plenas facultades: “No estaba bien, tengo insuficiencia respiratoria”, justificó, a pesar de no presentar parte médico. “Tengo una pensión de 600 euros, con eso no se puede vivir”, terminó diciendo.
En vista de que el procesado reconocía que había cometido el delito contra la salud pública, tanto la magistrada del Juzgado de lo Penal núm. 2 como la fiscal le recomendaron que aceptara llegar a una conformidad para reducir la pena a 3 años y 9 meses, lo mínimo que se le podría aplicar al ser reincidente. En el caso de que no hubiera conformidad y fuese condenado, la pena sería de 4 años y seis meses de prisión. El acusado declinó la oferta inmediatamente.
Según se quejó, por el mismo delito “los argelinos y los extranjeros” reciben una condena menor, algo que la magistrada le aclaró que no era cierto. “El Estado me ha dejado completamente indefenso”, siguió quejándose el procesado, quien afirmó que prefería ser ingresado para “escribir libros”, pero que de ningún modo aceptaría la pena que le pedía el Ministerio Fiscal.
Finalmente, el acusado decidió renunciar a su letrado, por lo que el juicio tuvo que ser suspendido y aplazado al próximo 10 de noviembre.

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