Los rechazos en frontera, aquellas devoluciones en caliente que permitían a policías y guardias civiles devolver a inmigrantes en el momento en el que pretenden entrar en Melilla, podría tener los días contados. Pedro Sánchez, quien apenas ha profundizado en su programa de Gobierno, sí tiene claro que una de sus prioridades será la de derogar parte sustancial de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la "ley Mordaza", ya que cuenta con los apoyos parlamentarios para ello. En concreto, el próximo presidente del Ejecutivo quiere acabar con aquellos artículos que permiten la expulsión de extranjeros en la frontera "de forma arbitraria" (las conocidas como devoluciones en caliente), una decisión que tendrá un gran impacto en el control de la inmigración irregular en nuestra ciudad. Esta reforma está ya en trámite en el Congreso de los Diputados mediante dos proposiciones de ley, una del PNV y otra del propio grupo socialista.
En este sentido, hay organizaciones no gubernamentales (ONG) presionen este mismo sentido al nuevo Ejecutivo que conforme Pedro Sánchez.
El presidente de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, reclamó este viernes al nuevo Gobierno que ponga fin cuanto antes a las 'devoluciones en caliente' en las fronteras de Ceuta y Melilla y a la reforma sanitaria de 2013, que supuso la expulsión de la Atención Primaria de miles de inmigrantes en situación irregular.
Beltrán exigió reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, por entender que limita la libertad de expresión y permite las devoluciones de inmigrantes sin atender a las exigencias jurídicas establecidas en los tratados Internacionales suscritos por España.
Conocida popularmente como 'ley mordaza', esta normativa supuso "un grave retroceso en cuanto a la libertad de expresión y de manifestación y el derecho a la información", según el presidente de AI España.
Asimismo, Beltrán exigió el fin de la venta de armas a Arabia Saudí y a Israel, e instó al nuevo Gobierno "a cumplir con las cuotas de acogida de refugiados comprometidas con Europa, que el Ejecutivo del PP aplicó de una forma tan cicatera". "Le pedimos que de verdad regresen los derechos humanos al centro de la agenda política", concluyó.
Prisión permanente revisable y la huelga de jueces y fiscales
Otra materia que está sobre la mesa es la posible reforma del Código Penal en varios sentidos. Por un lado, la derogación de la prisión permanente revisable, una iniciativa impulsada por el PSOE, entre otras fuerzas políticas, frente a la posición del PP y de Ciudadanos, partidarios de endurecerla. Y, por otro, el nuevo Ejecutivo debe decidir si mantiene los trabajos para la revisión de los delitos sexuales encomendada por el ministro de Justicia saliente, Rafael Catalá, tras la polémica desatada por la sentencia de la Manada.
Quien asuma la cartera de Justicia se encontrará con una huelga de jueces y fiscales recién llevada a cabo y un conjunto de demandas sobre la mesa en materia de retribuciones, pero también de defensa de la independencia judicial.
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