Rajoy ante el tribunal

Llegado el día en el que el ciudadano Mariano Rajoy debe comparecer ante un juez de la Audiencia Nacional cabe preguntarse ¿qué más nos puede pasar en España esta temporada? Rajoy es el Presidente del Gobierno y aunque ha sido requerido en calidad de testigo lo es en relación con un sumario que investiga una trama de corrupción, el caso "Gürtel", sospechosa de haber financiado al PP.
Para los investigadores policiales y para la Fiscalía está probado que la organización de Francisco Correa financió con dinero negro varias campañas electorales de los populares. Quiere decirse que aunque salga airoso del trance judicial, el mal ya está hecho. No hay que olvidar que estamos hablando del Jefe del Ejecutivo, magistratura del Estado llamada a ser una referencia intachable.

Analizados los antecedentes será difícil que pueda seguir repitiendo el discurso de la regeneración democrática. Carecería de credibilidad. El relato de Francisco Correa ante esta misma Sala tumba cualquier intento de mirar hacia otra parte como vienen haciendo algunos de los dirigentes del PP. Primero fue Correa, después Bárcenas, el senador al que Rajoy nombró tesorero del partido. Se mire por dónde se mire, este asunto huele mal. Lo infamante no es que un Presidente de Gobierno en ejercicio sea citado por un tribunal, lo que tiñe la citación de oprobio es la naturaleza de lo investigado por jueces y fiscales.

Si, como han anticipado algunos de sus heraldos, Mariano Rajoy al ser preguntado por la fiscal del caso respondiera que fue él quien echó a Correa -con la intención de zanjar su presunta responsabilidad- desde el estrado le pueden inquirir acerca de si se benefició en las campañas electorales de la estructura corrupta del partido. Sin olvidar que también le pueden preguntar por qué desde Génova intentaron entorpecer la investigación y por eso la Audiencia Nacional expulsó al PP de la causa.

Digan lo que digan los portavoces, en el PP están preocupados. La imagen dará la vuelta a Europa. No es para menos. Resulta patético escuchar a Martínez Maíllo, el coordinador general, intentando embarrar la vista señalando que los abogados de la acusación popular que le preguntarán a Rajoy son del PSOE -como si Correa o Bárcenas nunca hubiera existido-.

No es una buena imagen para España tener al Presidente del Gobierno testificando en un caso de corrupción. La prueba es que son más de trescientos los periodistas acreditados para seguir la vista. Más de sesenta, extranjeros. Ya digo, el mal ya está hecho.

Acceda a la versión completa del contenido