A lo largo del año que acaba de comenzar hemos de buscar el minuto y resultado de la política nacional en dos de sus ejes. Uno, el futuro de la colaboración del Gobierno con el PSOE, por su impacto en los intereses generales y la posición de otros partidos en el escenario político nacional. Y dos, la evolución del desafío al Estado planteado por el nacionalismo catalán.
La complicidad del Gobierno Rajoy con los socialistas pilotados por Javier Fernández no es gobierno de coalición pero reimplanta el bipartidismo en la práctica, nos hace olvidar el reinado del PP por mayoría absoluta (2012-2015) y vuelve a meter en el partido a un PSOE que estaba al borde de la quiebra.
Visto así, es una sindicación de socorro mutuo. Un Rajoy en clara minoría se permite aparecer como paladín de la estabilidad (tesoro escondido en una Europa electoralmente incierta) y el PSOE recobra protagonismo como alternativa de poder.
Pero si lo vemos en función del interés general, nos encontramos con avances contantes y sonantes en materia de pactos de Estado muy de agradecer por la ciudadanía (educación, justicia, violencia de género) y medidas concretas de impacto social (subida del salario mínimo, lucha contra la pobreza energética, medidas contra el fraude fiscal) y la pronta supresión de indultos para los políticos corruptos.
Más difícil de comentar es lo que se refiere a la amenaza de la desconexión de Cataluña. Nunca se materializará pero nos seguirá causando los consabidos dolores de cabeza. La novedad es la incorporación de los «comunes» de Ada Colau -estirpe Podemos- al llamado Pacto Nacional por el Referéndum. Una forma de ensanchar la base de apoyo al frente independentista. Pero con estos matices: se reclama poner pausa al proceso y olvidarse de plazos, cuyo incumplimiento genera frustración, y se apuesta por el referéndum «legal» y «pactado».
Eso abre una dinámica con tendencia a sacar de terreno de juego a los radicales de la CUP, partidarios de la desobediencia civil y el referéndum ya, so pena de bloquear de los Presupuestos de la Generalitat para 2017. Lo cual puede crear las condiciones de una convocatoria electoral para que las urnas vuelvan a repartir cartas. Es mi apuesta personal: elecciones catalanas entes de que termine el año que acabamos de estrenar.
Eso no significa que los nacionalistas catalanes olviden su sueño independentista a la contra de la praxis democrática (perdieron claramente en el voto popular de las que ellos llamaron elecciones plebiscitarias), a la contra de la historia (Cataluña siempre fue parte de España antes y después de crearse el Estado a finales del siglo XV), a la contra de la legislación nacional (el separatismo carece de cobertura legal) a la contra del derecho internacional (la autodeterminación no afecta a los Estados «legítimamente constituidos», y a la contra del sentido común. Es absurdo que la parte decida el futuro del todo.
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