PSOE plantea recurrir la legalización de las devoluciones en caliente

El PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional la prisión permanente y la llamada 'ley mordaza'. Así al menos lo indicó ayer el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, quien avanzó que la formación también se plantea recurrir la legalización de las devoluciones en caliente, si bien antes pedirá "consejo" a Acnur. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, anunció ayer que el Grupo Socialista presentará en las próximas semanas sendos recursos de inconstitucionalidad contra la prisión permanente revisable recogida en la reforma del Código Penal y contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza'. En cuanto a la disposición que legaliza las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, el socialista indicó que contemplan la posibilidad de incluirlo en el recurso, pero que, antes de tomar una decisión, pedirán "consejo" al Alto Comisionados de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Hernando explicó que el PSOE va a ofrecer a colectivos sociales y a otros grupos parlamentarios de la posición la posibilidad de participar en la redacción de los recursos, e incluso abre la firma a diputados de otros partidos. Según expuso, el recurso contra la prisión permanente revisable se basa fundamentalmente en considerar que dicha pena afecta a la dignidad de las personas, incumple los principios constitucionales de reinserción y reeducación de los presos, y genera inseguridad jurídica. Ello se traduce, en su opinión, en una vulneración de los artículos 9.3, 10, 15 y 25.2 de la Constitución.

Pero, además, el PSOE avisa de que esa pena resulta "absolutamente innecesaria" en España cuando ya existe la previsión de estar 40 años en la cárcel por delitos más graves, el índice de criminalidad es de los más bajos de Europa y la población reclusas es de las más altas.

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, el PSOE justifica el recurso en que la norma establece un "derecho administrativo sancionador del enemigo", considerando que quien protesta o se manifiesta altera, no ya la seguridad pública, sino la "tranquilidad pública", un concepto sin anclaje constitucional.

A su juicio, lo que busca el Gobierno del PP con esta ley es "intentar desalentar la protesta y la disidencia". "Con la 'ley mordaza', nuestras libertades son menores", concluyó Hernando.

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