El partido socialista registró ayer una proposición de ley para que se modifiquen los artículos del Código Civil por los que las personas con discapacidad visual y auditiva tienen que presentar un certificado médico para contraer matrimonio. El PSOE, además, reclamó al Gobierno que intente buscar el consenso entre las distintas fuerzas de la oposición, además de las entidades que representan a los discapacitados visuales y auditivos. Por su parte, los socialistas pusieron de manifiesto que consideran “humillante” que no se haya modificado este articulado desde el año 2012, cuando así lo solicitó la ONU en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El PSOE registró ayer en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para pedir que se modifiquen los artículos del Código Civil que exigen a discapacitados visuales y auditivos un certificado médico para contraer matrimonio.
Así, los socialistas reclamaron al Gobierno que presente en tres meses una propuesta en la Cámara Baja, que logre el acuerdo de las distintas fuerzas políticas y las entidades que representan a personas discapacitadas.
Según calificó el diputado socialista Joan Ruiz, resulta «humillante» que continúe en vigor este articulado, ya que, según opinó, tendría que haberse modificado en 2012, después de que lo solicitara la ONU en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además, consideró que esta medida es «una chapuza» del PP y criticó que todavía no se haya presentado ninguna propuesta para cambiar esta situación, por lo que tenido que ser la oposición la que pida soluciones.
El Ministerio de Justicia ya anunció el pasado mes de diciembre que está preparando una circular para aclarar que las personas con discapacidad visual o auditiva no tendrán que pedir dictamen médico para casarse, según confirmaron a Europa Press fuentes de este departamento.
Así, Justicia, junto con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), trabaja en un texto para «aclarar» que el 56 del Código Civil, recientemente reformado y que entrará en vigor en junio de 2017. Este artículo establece por error la obligatoriedad de «dictamen médico sobre la aptitud para prestar el consentimiento de aquellos contrayentes que estuvieren afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales».
Un “grave retroceso” para el CERMI
El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Heredia,ha encabezado la expedición socialista que se ha reunido con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en su sede. El presidente de la asociación, Luis Cayo Pérez Bueno, también se ha referido a este artículo del Código Civil calificándolo de «grave retroceso».
Según ha apuntado, esta normativa ya tenía una restricción para las personas con discapacidad intelectual que el Gobierno también tenía que haber solucionado con arreglo a la convención de la ONU. «Pero en lugar de corregir ese déficit, lo amplia a otros colectivos que nunca antes, en nuestra tradición de derecho civil, habían tenido dificultades para acreditar su toma de decisiones», ha señalado.
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