El PSOE ha pedido la dimisión "inmediata" de Miguel Marín como presidente de la Autoridad Portuaria después de conocer que el Ministerio Fiscal le ha pedido 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público en la Administración Pública, por un presunto delito de prevaricación, por el llamado 'Caso Arquitecto', cuando era consejero de Administraciones Públicas. Los socialistas consideran que Marín debe dar un paso atrás hasta que el juez emita sentencia, dado que "la ciudadanía no entendería que quien debe velar por el cumplimiento de la legalidad, como es el caso de los representantes de las instituciones públicas, sea, presuntamente, el primero en incumplirla". El PSOE ha pedido la dimisión "inmediata" de Miguel Marín como presidente de la Autoridad Portuaria después de conocer que el Ministerio Fiscal le ha pedido 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público en la Administración Pública, por un presunto delito de prevaricación, por el llamado 'Caso Arquitecto', cuando era consejero de Administraciones Públicas.
El PSOE considera que debe dar un paso atrás hasta que el juez emita sentencia, dado que "la ciudadanía no entendería que quien debe velar por el cumplimiento de la legalidad, como es el caso de los representantes de las instituciones públicas, sea, presuntamente, el primero en incumplirla".
Defensa de los arquitectos
Por otro lado, el PSOE no comprende la decisión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Melilla de retirar la acusación contra el político del PP. Los socialistas tachan de "inaudita" dicha opción dado que el Colegio de Arquitectos "está para velar por los intereses y salvaguarda de los derechos de estos profesionales y Marín, cuando ocupaba el cargo de consejero de Administraciones Públicas, contrató a un arquitecto saltándose el procedimiento legal sin que existiera concurrencia pública alguna y por lo tanto buscando la contratación concreta de un arquitecto, llevando a cabo así, un presunto delito de prevaricación".
Esta "presunta mala praxis", según el PSOE, "habría perjudicado al resto de profesionales, no sólo de Melilla, sino de todo el conjunto de España, y habría ido en contra de todos los arquitectos que podrían haber concurrido a este puesto en el Ayuntamiento de Melilla".
Tal y como se recoge en el escrito de la fiscal, Marín contrató a un arquitecto como interino para cubrir una baja en la Dirección General de Arquitectura y éste terminó ocupando, sin superar ningún tipo de proceso de selección, la plaza de funcionario que dejó vacante otro compañero al jubilarse, vulnerando así el Convenio Colectivo del personal labor al de la Ciudad Autónoma.
Actúo "a sabiendas"
"Este proceso judicial está totalmente vinculado con los derechos de los profesionales de la arquitectura de la ciudad y de todo el país y por tanto, en defensa de dichos profesionales", recalcaron desde el PSOE.
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