Docentes de Melilla se manifiestan contra la violencia en las aulas.
La Junta de Personal Docente No Universitario se ha concentrado este jueves frente al Instituto Rusadir en repulsa contra la agresión que sufrió una profesora la semana pasada, cuando recibió un balonazo en la cabeza que le ha provocado un hematoma craneal, dolores y ansiedad, cuando salía del centro y circulaba en bicicleta.
“El profesorado vive un realidad cada vez más difícil”, ha alertado, lamentando que los centros educativos se han convertido en “demasiadas ocasiones en un entorno hostil” donde los docentes sufren agresiones verbales, presiones emocionales, acoso en redes sociales e incluso ataques físicos como el último registrado.
La Junta ha advertido de que la realidad que vive el profesorado en Melilla “no debe ignorarse”, puesto que es “aún más dura” que la que se vive en el resto del territorio nacional ya que, asegura que el 86 % del profesorado en Melilla declara percibir un aumento de las agresiones por parte de los alumnos, y casi un 79 % constata un incremento de agresiones a docentes por parte de familias.
Además, destaca que uno de cada cinco docentes sufre varios tipos de violencia simultáneamente, “una señal alarmante del deterioro generalizado del clima escolar”.
Además, el 59 % de los profesores en Ceuta y Melilla denuncia haber sido víctima de violencia en el aula, una proporción que es superior a la media estatal (53 %) en su labor diario, siendo lo más habitual los insultos, amenazas y mofas.
El organismo ha alertado que la pérdida de autoridad del profesorado, unido a la falta de respuesta institucional agrava esta situación, provoca “un alto malestar”, aumento de bajas laborales e incluso el abandono de la profesión.
“La función del profesorado es enseñar, no sobrevivir”, han dejado claro, exigiendo, entre otras medidas, un protección “efectiva e inmediata” con protocolos de prevención y actuación “claros, homogéneos y obligatorios”, medidas para reforzar la autoridad del profesorado, “respeto explícito” del alumnado y sus familias, programas de formación para prevenir violencia escolar, recursos suficientes y reducir la carga burocrática del profesorado.
Por último, piden una hoja de ruta compartida entre el Ministerio de Educación y FP con los sindicatos para garantizar condiciones laborales “dignas, seguras y respetadas” en todo el sistema educativo.
“La violencia contra el profesorado es una amenaza directa contra el sistema educativo y contra el futuro de nuestra sociedad”, han advertido, exclamando porque “defendamos a quienes nos educan”.
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