El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Melilla ha dado la razón a uno de los aspirantes a las 10 plazas de oficial de la Policía Local de la ciudad, que fue considerado no apto en una de las pruebas de este proceso selectivo. Aunque han sido ya varias las veces en las que la Ciudad Autónoma ha sido condenada por el desarrollo de oposiciones a la Policía Local, esta es la primera en la que el proceso selectivo ha sido desarrollado con el actual Gobierno al frente de la administración.
La sentencia estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo del aspirante y anula la resolución del tribunal impugnada, ordenando la retroacción de actuaciones solo para el agente demandante.
Esta nulidad de la resolución impugnada, aclara la sentencia, no se extiende a los nombramientos de los aspirantes que superaron el proceso selectivo, que constaba de 10 plazas de promoción interna.
La sentencia, que no impone costas procesales a la Ciudad Autónoma, señala que “la simple aportación por la parte de la Administración de las puntuaciones numéricas de cada miembro del Tribunal, y la genérica referencia al “leal y saber entender”, no colman, ni de lejos los mínimos de motivación exigibles de todo acto administrativo en general, y más en un proceso de selección”.
El abogado Antonio Suárez-Valdés, que ha defendido al policía local al que esta sentencia da la razón, explica en una nota de prensa que su representado presentó un recurso porque cuando pidió una explicación motivada del porqué de su declaración de no aptitud en dicho ejercicio, la Ciudad Autónoma dio la callada por respuesta.
El abogado señala que la prueba de supuesto práctico, como sucede en la prueba de entrevista, “está sometida a la subjetividad de los evaluadores y es un canal habitualmente utilizado para privar de sus plazas funcionariales a personas mejor cualificadas para el puesto, en beneficio de otras menos capaces, pero debidamente apadrinadas”.ás adecuado para la arbitrariedad en la calificación”.
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