Categorías: Economía

PP impulsa un Plan Estratégico Nacional “para garantizar la supervivencia socio económica y política” de Melilla y Ceuta

Entrar en la Unión Aduanera, garantizando y potenciando nuestro régimen fiscal, reforzar el estatus europeo o eliminar la excepcionalidad Schengen en las fronteras, flexibilizando los pasos por vecindad, son algunas de las propuestas recogidas

Los presidentes regionales del Partido Popular de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente, firmaron ayer por la tarde en Málaga un Plan Estratégico Nacional “para garantizar la supervivencia socio económica y política de ambas ciudades”. Con este plan, aspiran a garantizar la sostenibilidad de ambas ciudades, por lo que lo elevarán al Gobierno central para que sea desarrollado en colaboración con los Ejecutivos de ambas ciudades. Por ello, se hará entrega oficialmente del documento al presidente nacional del PP, Pablo Casado, en la visita que tiene previsto llevar a cabo este miércoles a Melilla.

Según el PP, el “doble impacto que en las economías de Ceuta y Melilla ha tenido la pandemia” y “las presiones ejercidas por Marruecos” sobre sus fronteras, agravadas por la crisis diplomática, exige adoptar medidas globales y urgentes que refuercen y potencien la presencia del Estado y de la Unión Europea en ambos territorios.

Incentivar el desarrollo socio económico

Unas medidas que también tendrían como objetivo incentivar el desarrollo socio económico de ambas ciudades, y que han sido plasmadas en el documento que se firmará este martes bajo siete grandes epígrafes, uno de los cuales está completamente dedicado al estatus europeo que se plantea para ambas ciudades autónomas.

En concreto, el PP propone la incorporación a la Unión Aduanera, pero manteniendo y potenciando el régimen fiscal de ambas ciudades, y eliminar la excepcionalidad Schengen en las fronteras, “sin que ello sea óbice para el deseado restablecimiento de las buenas relaciones de vecindad y la aspiración a crear zonas de prosperidad compartida”.

También defiende la agilización del tránsito transfronterizo de personas por razones socioculturales, turísticas, laborales, de formación superior y/o universitaria o económicas, debidamente justificadas, además de un régimen asimilable al de las regiones ultraperiféricas europeas que favorezca mayor desarrollo económico de ambas ciudades.

“En definitiva, un mayor anclaje en Europa que se combina, en dicho Plan Estratégico, con un refuerzo de la presencia del Estado español y sus administraciones en ambas ciudades y un plan suficientemente dotado para que despeguen las áreas estratégicas de nuestra economía”, resume el PP.

Parar el freno y reactivar

A este respecto, el presidente regional del PP de Melilla, Juan José Imbroda, subrayó que “basta con que dejen de frenarse y se reactiven áreas como las del fomento de la universidad, las instalaciones turísticas y de conectividad (puerto y puerto de cruceros) o el incentivo para las empresas de base tecnológica, ya que algunas de las cuales han sido abiertamente defenestradas por el gobierno, como la necesaria ampliación del puerto comercial, la estrategia de cruceros o la universidad”.

Otro epígrafe reclama una mejora de los medios humanos, materiales y tecnológicos de las fronteras de Ceuta y Melilla, con el incremento de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil destinados en ambas ciudades, la constitución de la Unidad de Fronteras, protocolos claros de vigilancia y reforzar la colaboración con Frontex y Marruecos.

Actualizar el régimen fiscal

El plan del PP propone, asimismo, actualizar el régimen fiscal de ambas ciudades, potenciando los incentivos económicos y fiscales para un ágil desarrollo económico y mayor crecimiento del empleo, así como garantizar la suficiencia financiera.

Al hilo, los populares buscan potenciar el régimen jurídico de ambas ciudades, con el desarrollo pleno de sus estatutos de autonomía, “que en los últimos años se ha visto menguado en su capacidad de autogobierno” por una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a que los miembros del Gobierno sean electos, como ocurre en los ayuntamientos. 

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Redacción

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