Poner un tope al alquiler no es nunca una buena idea

Esquerra Republicana y la CUP emplazarán al Gobierno en el Congreso a regular la posibilidad de poner límites a los alquileres la próxima semana, cuando está previsto que el Ejecutivo cierre su proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Estas formaciones venden la medida como necesaria para garantizar el derecho a una vivienda digna ante la crisis económica actual, más aún ahora tras la caída de ingresos de las familias. Buscan blindar la ley catalana y habilitar al resto de comunidades para regular el precio del alquiler. A esta propuesta se unen Podemos, EH-Bildu, el BNG, Más País, y Compromís.
Estas demandas se producen en la recta final de las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado. Unidas Podemos pretende que esta regulación del precio del alquiler se aplique ya por medio de los Presupuestos, asegurando que es prioritario a la hora de acordar el borrador presupuestario. Sin embargo, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se opone diciendo que debe incluirse en una ley de vivienda y no en los PGE, y que se debe esperar a que la situación económica se normalice tras la pandemia.

Es importante entender las consecuencias de la regulación de precios, y en concreto fijar precios máximos al alquiler, pero sobre todo entender que los precios del alquiler dependen de la oferta y la demanda. Si bien es cierto que los precios de las viviendas son muy elevados, y alquilar puede resultarle difícil a muchas familias, esto ocurre porque la oferta es menor que la demanda. Es decir, el número de casas que se pueden construir en un determinado territorio está limitado por regulaciones urbanísticas que los propios políticos imponen. Y eso, sumado a un alto número de población que busca moverse a la ciudad o sus alrededores trae consigo que, inevitablemente, los precios sean altos. Mucha gente quiere vivir en el centro de una ciudad o sus alrededores, pero las viviendas que se pueden construir son limitadas y escasas en comparación con el número de personas que quieren vivir en ellas. Poner un precio máximo al alquiler, lo primero, aumenta la demanda de vivienda (es más barato alquiler), y acaba limitando aún más la oferta (aquellos que no estén dispuestos a alquilar su casa al precio establecido por el gobierno, la sacarán del mercado), es decir, consigue que oferta y demanda se distancien aún más, teniendo como resultado final la escasez de vivienda.

Pero la medida no solo afecta la disponibilidad de vivienda, también reduce la calidad de la vivienda ofertada para el alquiler. Así, aquellos con viviendas en alquiler dejarán de tener un incentivo para renovar o construir nuevas viviendas o comercios destinados al alquiler.

Además, pueda dar lugar a discriminaciones. Esto sucederá porque en el caso de que un propietario reciba varias ofertas de alquiler por el precio máximo, no podrá discriminar en función del precio ofertada, pudiendo afectar a aquellos de determinada nacionalidad, clase social, etc.

Aquellos que proponen esta medida son imprescindibles para que este gobierno apruebe sus Presupuestos. Lo más probable será, por tanto, que la medida se acabe aprobando. En caso de aplicarse, las medidas tendrán las consecuencias arriba mencionada, como ha pasado en cada ciudad en la que se ha implantado. La solución es aumentar la oferta de suelo urbanizable, y permitir construir más. Presentarse como la solución cuando tú eres el problema es algo muy típico de la clase política de este país, y este es otro ejemplo más.

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