El Gobierno de Melilla ha rechazado las acusaciones del partido Somos Melilla sobre presuntas deficiencias y “maltrato institucional” en la gestión del centro de atención para personas discapacitadas ‘Gámez Morón’.
Una situación de “abandono” que ha llevado a la formación localista a presentar una denuncia en la Fiscalía de Melilla solicitando la apertura de diligencias de investigación por “presunto maltrato institucional pasivo” en el citado centro.
En una mensaje dirigido a los medios, la consejera de Políticas Sociales Randa Mohamed ha rechazado las acusaciones vertidas por dicha formación, y que, a su juicio, “carecen de fundamento” y buscan crear una imagen “falsa y alarmista” del centro y con fines “puramente partidista”.
En este sentido, Mohamed ha asegurado que, a día de hoy, el centro está en “un proceso constante de renovación, mejora y mantenimiento” en sus instalaciones y equipamiento, que incluyen, además, controles y auditorías externas.
“Estamos constantemente intentando mejorar las condiciones del centro y la situación en la que se encuentran los residentes y garantizarlas el bienestar”, ha agregado.
La dirigente localista ha rechazado también que la plantilla es cuidadoras sea insuficiente, tal y como asegura Somos Melilla, ya que, basándose en el informe de cumplimiento de ratios de personal, asevera que el Gámez Morón “supera holgadamente los mínimos exigidos por el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales”.
Asimismo, ha asegurado que las imágenes de supuesto deterioro del centro han sido captadas “de forma irregular” por la formación localista, ya que dice que fueron tomadas en “zonas en obras, “que no son representativas” con el lugar, y que “se han sacado de contexto para generar alarma social y desprestigiar tanto a la administración como al personal que trabaja en el centro”.
“Utilizar a un colectivo tan vulnerable como arma política como se ha hecho siempre desde Somos Melilla es una práctica irresponsable y mezquina que trata de desprestigiar el trabajo realizado a diario por los profesionales, genera alarma innecesaria en las familias y erosiona la confianza que se deposita en el servicio esencial”, ha denunciado.
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