26/10/2019 Furgones ante la Jefatura de Policía en la Via Laietana de Barcelona durante una protesta por la actuación policial en los disturbios a raíz de la sentencia del proceso independentista, el 26 de octubre de 2019 CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA
Policías y guardias civiles convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se movilizarán el próximo 10 de noviembre en una concentración en Barcelona en apoyo de los 45 agentes procesados por el referéndum del 1-O, y que prestarán declaración como investigados en sede judicial. Además, mostrarán su rechazo al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y la «humillación» que supone la ley de amnistía y la financiación de los Mossos d’Esquadra. (Foto Europa Press).
La concentración se desarrollará en los juzgados de Barcelona donde han sido citados los 45 agentes. «SUP y AUGC muestran su total rechazo a ser humillados ante el acuerdo alcanzado entre PSOE y los independentistas de ERC para la investidura de Pedro Sánchez», aseguran.
En concreto, recelan de la cesión de edificios de titularidad del Estado contemplado –aunque sin concretar qué espacios– en el acuerdo entre PSOE y ERC. Este último partido lleva años reivindicando que la Jefatura de Policía en Barcelona deje de estar en Vía Layetana para convertir el edificio en un museo de la memoria de represaliados del franquismo, aunque el Ministerio del Interior y la Dirección de la Policía se han negado a tal pretensión.
«Nos apedrean institucionalmente»
En dicho comunicado, estas dos organizaciones han explicado que los 45 agentes declararán en calidad de investigados por los disturbios producidos tras la sentencia del Tribunal Supremo en octubre de 2019. «Nos apedrearon el 1-O del 2017 y ahora nos ‘apedrean’ institucionalmente», han lamentado, para añadir: «No podemos permanecer impasibles ante el claro ataque a nuestros derechos profesionales».
«Desde AUGC y SUP sentimos que estamos siendo utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar gobierno. La Policía Nacional y la Guardia Civil están perdiendo su influencia y presencia en Cataluña debido a la continua intención de restar competencias y expulsar a los guardias civiles y policías nacionales de esta Comunidad Autónoma», han denunciado.
En este sentido, recuerdan que los agentes pusieron en riesgo su propia integridad física para «dar cumplimiento a las órdenes gubernamentales dirigidas a restablecer el orden constitucional».
«Ahora vemos cómo desde el Gobierno central se trata de amnistiar a quienes quebrantaron el Estado de derecho para negociar y blanquear lo gravemente ocurrido aquel día y tratar de condenar judicialmente y humillar a policías y guardias civiles que actuaron con total seriedad y profesionalidad el 1-O», han añadido.
Cesión de edificios como jefatura de vía layetana
Estas organizaciones creen que el acuerdo firmado entre PSOE y ERC contempla en su punto 4 y 6 el «desmantelamiento de la seguridad ciudadana en Cataluña». En concreto, denuncian que se aumente la plantilla de los Mossos d’Esquadra mientras que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se les «niega el reconocimiento del complemento de Zona de Especial Singularidad».
Aunque el documento no lo concreta, también recelan de que «se entreguen inmuebles cuya titularidad corresponde al Estado a la Generalitat de Cataluña, cuestión que afectará a edificios de Policía y Guardia Civil». «Esto parece ser tan solo el principio», dicen. Desde los sindicatos policiales rechazan la pretensión de partidos independentistas de convertir la Jefatura Superior de Policía de Via Layetana en un museo de la memoria de represaliados franquistas.
«Es inaceptable este trato discriminatorio y negativo hacia guardias civiles y policías», añaden SUP y AUGC en alusión a otras cuestiones como el incumplimiento de la cláusula tercera y octava del Acuerdo de Equiparación Salarial por el que se aprobó una subida salarial al destinar más de 800 millones de euros en tres años.
«No podemos permanecer impasibles por lo que consideramos un claro ataque a nuestros derechos profesionales», concluye el comunicado en el que lamentan que «fueron utilizados en el 1-O para después ser moneda de cambio según conveniencia». «Ahora también tenemos que ver cómo este Gobierno riega económicamente a los Mossos y culmina así la expulsión definitiva de guardias civiles y policías de Cataluña», tercian.
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