Podemos sostiene que el Gobierno es “el chiringuito particular” de Imbroda y apunta a la necesidad de “un cambio”

La secretaria de Organización de Podemos Melilla, María José Ruiz, lamenta que el Gobierno local se haya convertido en “el chiringuito particular” del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, después de 18 años en el poder. Así se ha pronunciado al hilo de lo publicado en El País en el que se pone de manifiesto que actualmente hay seis altos cargos del Ejecutivo investigados por casos de corrupción, como los consejeros Daniel Conesa o Antonio Miranda, y los viceconsejeros Francisco Díaz o María Ángeles Gras. Una vez más, sostiene María José Ruiz queda demostrado que la necesidad de cambio es “urgente” en la ciudad.
“Es una vergüenza que Melilla sea portada en un medio nacional a causa de la mala administración pública, de los contratos a dedo y de una red clientelar que se ha ido tejiendo durante más de una década a costa del dinero de toda la ciudadanía melillense”, reprocha.

Al respecto, sostiene que la corrupción política es “de sobra percibida por la sociedad, por lo que confía en que los tribunales terminen condenándola después de años de impunidad.

Desde Podemos Melilla apuntan a que “lo más honrado sería que, en cuanto una persona con responsabilidad política es investigada, como es el caso del actual consejero de Economía y el de Educación, sea cesada o deje voluntariamente su acta”. “Sería una muestra de respeto hacia la población, pero aquí lo que vemos es lo contrario: que se aferran a sus puestos y, en el caso de dejarlos, se terminan colocando en otras empresas dependientes de contratos de la Ciudad Autónoma”, mantiene Ruiz.

Para la secretaria es “evidente” que existe una trama detrás de los casi cien contratos a dedos adjudicados a empresas imputadas en los casos conocidos como Ópera y Tosca, como recoge El País.
“Y todos estos contratos solo tuvieron lugar entre los años 2015 y 2017”, haciendo hincapié en que, casi con toda probabilidad son muchísimos más los casos de prevaricación, entre otros delitos, los que habría cometido el Gobierno de Imbroda en las últimas dos décadas de poder”, expuso.
“La población melillense merece ser escuchada, que sus necesidades sean la prioridad y que se garantice el bienestar del conjunto de la ciudadanía”, sostiene Ruiz.

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