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Política

Podemos reitera la denuncia realizada sobre la convocatoria de gratuidad de Libros de texto

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Oscar Gastelumendi, secretario de Organización de Podemos Melilla
Oscar Gastelumendi, secretario de Organización de Podemos Melilla

“La que parece que no está muy informada es la propia consejera Elena Fernández Treviño. Ni siquiera parece que dedica un tiempo a analizar los embrollos en lo que su consejería se ve envuelta”, afirma Oscar Gastelumendi, secretario de Organización de Podemos Melilla

Podemos Melilla reitera su denuncia sobre la convocatoria de gratuidad de libros de texto y sale así al paso de las declaraciones de la consejera de Educación, Cultura e Igualdad, Elena Fernández Treviño, que recientemente consideró que “es “inadmisible” la acusación de la formación morada sobre la supuesta asignación de partidas de más de 15.000 euros a contratos menores. Treviño también indicó que “no sé si estos señores en sus ratos libres estudian para ser magistrados del (Tribunal) Supremo y saben mucho de Derecho, pero esta convocatoria pasa por Servicio Jurídico de la Consejería y pasan por fiscalización”. 

El secretario de Organización de Podemos Melilla, Oscar Gastelumendi, responde a Fernández Treviño, que “nos acusa de confundir la Ley de Subvenciones con la de contratos, con no saber de lo que hablamos”, aunque cree que la que parece que no está muy informada es la propia consejera. “Ni siquiera parece que dedica un tiempo a analizar los embrollos en los que su consejería se ve envuelta, dando pie a repetir el mismo error que cometió con la publicación de la subvención a los centros para la compra de ordenadores con el 1.671.576’63 euro, asignado para la compra de ordenadores”.

Hechos demostrados

Podemos Melilla basa sus opiniones en hechos demostrables y de acceso público, no en palabras vacías y alejadas de la realidad. “Vamos a sacar a Elena Fernández Treviño de su error, le vamos a refrescar la memoria haciendo mención a sus palabras y a sus actos como consejera”

La formación morada denunció, el 23 de julio, que la convocatoria de gratuidad de libros de texto, publicada en el BOME de 13 de julio, asignaba a los centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, cantidades entre los 18.948’89 y los 67.934’50 euros, estableciendo como procedimiento para su gasto, que los directores de los centros educativos “con el límite establecido en la presente resolución, solicitara los libros en librerías de su elección debiendo solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la entrega del bien, debiéndose seleccionar la propuesta económica más ventajosa (menor precio)”.

Denuncia

“Centrábamos y seguimos centrando la denuncia, en tres aspectos fundamentalmente. El primero, se relaciona con la capacidad de contratar de los directores de los centros públicos. Los directores de los centros docentes sólo pueden realizar contratos, en el caso que nos ocupa, de suministros, por cantidades inferiores a los 15.000 euros”, afirma Oscar Gastelumendi.

El segundo, se refiere a las implicaciones que, para los directores de los centros, tendría realizar el gasto del capital asignado a cada centro. “Dada las cantidades asignadas, los directores se verían obligados a firmar contratos mayores que el secretario de Estado de Educación no ha delegado en ellos, o a fraccionar el capital a invertir en libros de texto en contratos por cantidades inferiores a 15000 euros. En cualquiera de los dos casos, los directores de los centros se verían obligados a realizar actos que vulnerarían la ley”.

De igual modo, sólo les quedaría, en su caso, una tercera opción, devolver la subvención, “viéndose perjudicado el alumnado al que van dirigidos los libros de texto, y que Podemos Melilla rechaza”. El dinero público “está para favorecer una educación pública y gratuita, y en esa gratuidad, entran los libros de texto”.

Podemos Melilla valora como inadmisible cualquiera de las opciones. “No queremos que los directores de los centros incumplan la ley de contratos ni ninguna otra, ni que se vean en situaciones legales difíciles de resolver. Por supuesto, tampoco queremos que los alumnos y las alumnas se queden sin libros de texto gratuitos”.

El tercero, se refiere al procedimiento propuesto para el gasto, elegir la oferta más barata entre tres de diferentes proveedores. “Denunciábamos y denunciamos que no se puede aplicar a contratos superiores a 15.000 euros. La razón es bien sencilla. El procedimiento no viene establecido en la ley de subvenciones, sino en unas instrucciones del 2019 sobre contratos menores, publicadas en el BOE de 7 de marzo de ese año. Esta exigencia, tiene como finalidad respetar el principio de competencia en el contrato menor.

Además, reitera que las características de esta subvención son iguales a la de la convocatoria publicada en el BOME del 23 de octubre del 2020, “con el fin de asignar entre los centros los 1.671.576’63 euros destinados a ordenadores”. En esta ocasión “se trata de distribuir entre los centros 550.000 euros para libros de texto”.

Por tanto, la formación morada sostiene que parece que la consejera “no se acuerda que a bombo y platillo lo dio a conocer, días antes de su publicación; que entre otros, el sindicato SATE, en un comunicado del 5 de noviembre, ya señaló la imposibilidad de los centros educativos para contratar compras por un valor superior a 15.000 euros” o el fraccionamiento de cantidades superiores “difícilmente les va a permitir hacer uso del más de millón y medio de euros que la Ciudad Autónoma ha destinado a los centros para la adquisición de este material informático, dado el elevado número de alumnos que no disponen de él en nuestra ciudad”. 

“SATE-STEs considera que debe ser la propia Ciudad Autónoma la que adquiera el material y lo proporcione a los centros educativos en función de sus necesidades y de sus alumnos, ya que es la administración local la que tiene capacidad legal para hacer contratos mayores por tales cantidades”, destaca.

De igual modo, asegura que tampoco recuerda que el 1 de diciembre, con respecto a la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, igual que la de los libros de texto, comunicó a los medios de comunicación, “cuando sacaron la primera subvención, lo hicieron en unas condiciones de suministro con distintos objetos de contratación menor”. 

“Este era un criterio con el que estaba en desacuerdo la intervención del Ministerio de Hacienda, pero la razón era bien sencilla, en realidad: Se proponía el fraccionamiento de contratos, totalmente contraria a la buena aplicación de la ley de contratos”, explica Podemos Melilla.

Por último, le recuerda a la consejera que la convocatoria se cerró aportando a cada centro 14.999,99 euros, “para que pudieran hacer una compra menor y haciendo otra convocatoria de subvención, con el mismo fin, publicada en el BOME de 26 de marzo y que finalmente fue asignada a la Fundación Coremsa (Cif G9296782-7)”.

“Cualquier ciudadano puede ver las similitudes, independientemente del objeto a comprar, los centros no pueden hacer compras de igual o superior cantidad a 15.000 euros, lo que era de aplicación a la subvención para la compra de ordenadores, lo es también para la compra de libros de texto, pero parece que la consejera de Educación no lo ve, posiblemente la soberbia y la prepotencia la ciegan”, concluyó Oscar Gastelumendi.

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