Podemos Melilla exige el cese inmediato de María Antonia Garbín como diputada de la Asamblea de la Ciudad Autónoma después de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga haya ratificado la condena que fue dictada por el Juzgado de lo Penal número 1, por la que está inhabilitada durante diez años para empleo o cargo público. “Los melillenses no merecen estar representados por una persona que, durante los más de diez años que estuvo de consejera cometió un delito continuado de prevaricación administrativa, tal y como han concluido dos tribunales”, manifiesta la secretaria general del partido morado, Gema Aguilar.
Sentencia
Así, recuerda que Garbín fue la "máxima responsable de la contratación de cuatro letrados externos a la Administración local, que fueron contratados durante más de diez años a través de contratos menores, evitando los mecanismos establecidos para garantizar los principios de igualdad y competitividad", según la sentencia. “Entre el 2003 y 2015, se formalizaron hasta 91 contratos menores con estos letrados”, destaca.
Para Aguilar, los procedimientos que se judicializaron en el marco del conocido como ‘caso Abogados’, “son una muestra clara de la falta de transparencia y honestidad” con la que el PP lleva gobernando durante casi dos décadas en nuestra ciudad.
Desde Podemos, censuran la postura del presidente Imbroda, que "se escuda" en que Garbín ha sido condenada por su gestión como consejera de Bienestar Social, y no por su labor como diputada. “Este es el argumento que da para justificar que no se le exija que renuncie a su acta en la Asamblea”, dice Aguilar.
Además, considera “grave” que el presidente intente “quitar hierro al delito por el que Garbín ha sido condenada" a diez años de inhabilitación para puesto público. “Imbroda viene a decirnos que no ha sido condenada por corrupción, como si prevaricar fuera algo inocente”, zanja.
