Podemos e IU se suman a Equo al rechazar el centro de distribución de “contrabando”

Podemos Melilla e Izquierda Unida Melilla se suman al partido Equo en el rechazo al proyecto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de crear "un gran centro de contrabando con trabajadoras y trabajadores ilegales en el Barrio Chino", los popularmente conocidos como "porteadores". Aseguran las responsables de ambas formaciones que "son muchos millones de euros los que el PP ha dilapidado durante los últimos veinte años y no consigue generar una economía" propia. En una nota de prensa, Podemos Melilla e IU Melilla dicen no entender que el futuro que el PP ofrece para Melilla pase "por el trabajo semiesclavo de miles de personas, sobre todo de mujeres en una actividad ilegal que el es contrabando" y recuerdan que el manejo de fardos de ese peso y dimensiones "está prohibido en la legislación española".

Por ese motivo apuntan que la idea del presidente Imbroda de "dignificar el trabajo de los porteadores" con este centro de redistribución de mercancías "es simplemente inmoral, porque lo que quiere hacer es seguir fomentando el trabajo ilegal de miles de personas en condiciones lamentables y brutales".

Aseguran ambas formaciones que "son muchos millones de euros los que el PP ha dilapidado durante los últimos veinte años y no consigue generar una economía para Melilla, y tras tanto fracaso el PP no puede servirse del contrabando como tabla de salvación porque resulta indigno y puede generar muchos más problemas".

IU y Podemos, que recuerdan que la inversión para ese centro es de 5,4 millones de euros de las arcas públicas, coinciden con Equo en que "tampoco se puede destinar a la Policía y Guardia Civil en labores de organización de la actividad contrabandística, ya que son profesionales que no deben dedicar su tiempo y recursos a esas funciones".

La responsable de Podemos Melilla, Gema Aguilar y María Pérez, coordinadora de IU Melilla anuncian que acudirán a su grupo parlamentario en el Congreso "para preguntar al Gobierno de la Nación, que es la administración competente en frontera, si le parece digno y legal la implantación de este proyecto en una frontera europea".

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