Plena Inclusión ha elaborado un informe mediante el cual analiza el sistema de protección social español (en sus medidas estatales y comunitarias) para determinar en qué medida dicho sistema compensa los costes añadidos derivados del cuidado de personas con discapacidad intelectual. El informe evidencia carencias en el sistema, que carece de medios suficientes, está mal enfocado (solo a la renta, despreciando la ganancia de autonomía) y no se orienta específicamente a personas con discapacidad intelectual. Plena inclusión ha presentado su estudio “¿El sistema de protección social protege económicamente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Análisis y propuestas de mejora”, que analiza en qué medida el sistema de protección social compensa los costes económicos añadidos que tienen las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Este nuevo estudio identifica un total de 99 prestaciones (21 nacionales y 78 autonómicas) y pone de manifiesto una serie de limitaciones, entre las que se encuentran que la cobertura económica de es muy limitada, que el acceso a las mismas resulta complejo, que los niveles de apoyo difieren mucho entre comunidades, que prácticamente ninguna está pensada para la discapacidad intelectual y que muchas pretenden únicamente mejorar los niveles de ingresos de las familias pero no están orientadas a promocionar la autonomía de las personas con discapacidad..
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