Una de las asociaciones que integran la Comisión Islámica de Melilla, la Asociación Comunidad Musulmana, ha pedido a los melillenses que respeten la presunción de inocencia a la que tiene cualquier ciudadano, después de la detención de uno de los sepultureros del Cementerio Musulmán de Melilla por presunta agresión sexual, denunciada en primer lugar por una mujer y a la que luego se han sumado otras supuestas afectadas. A través de un comunicado de prensa, la entidad que preside “Jimmy” Ahmed Moh ha señalado que “mientras las autoridades judiciales no terminen la investigación y nos aclare lo sucedido, la Comunidad Musulmana de Melilla apoya la presunción de inocencia a la que cualquier ciudadano tiene derecho”. La asociación musulmana también ha destacado que “vemos muy precipitada la decisión de la Consejería de Medio Ambiente” que anunció la apertura de un expediente informativo a este empleado público, que puede acabar con la suspensión de empleo y sueldo si las diligencias siguen adelante.
El arrestado pasó su tercera noche en un calabozo después de su detención a las 00.30 horas del lunes por la Policía Nacional, donde durmió en su Comisaría y a partir del martes, que fue entregado a la Guardia Civil para las investigaciones, dado que el cementerio está en la jurisdicción de la Benemérita, ha pasado otras dos noches (la del martes y la de hoy miércoles) en la Comandancia de la Guardia Civil, hasta su puesta a disposición judicial hoy jueves, al cumplir 72 horas de su detención.
La toma de declaraciones en la investigación a varias personas, entre ellas a las denunciantes, apuntan, ha sido el motivo por el que se ha prolongado su estancia en dependencias policiales al máximo previsto en la ley, antes de ser llevado ante un juez.
El detenido lleva más de 25 años el camposanto musulmán, primero como colaborador de las asociaciones religiosas y posteriormente, justo hace 20 años, como empleado público después de un litigio que ganó un grupo de cinco personas que trabajaban el cementerio, entre ellos el hoy arrestado. El empleado ya se dio a conocer a la opinión pública cuando hace dos años las Fuerzas de Seguridad derribaron la puerta de su casa en la Cañada, al confundirse los agentes de casa, en una operación antiterrorista. Hoy nuevamente salta a la palestra por un caso distinto: una acusación de presunta agresión sexual.
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