Piden 2 años de cárcel a un agente de seguros por quedarse con el dinero de las pólizas

Un agente de seguros local compareció ayer en los juzgados acusado de realizar hasta 8 pólizas de seguros sin autorización y apropiándose del dinero de los clientes. Por este delito de “apropiación indebida”, la Fiscalía le pedía hasta 2 años de prisión. El acusado afirmó que, tras recibir el dinero de las pólizas en efectivo, trató por todos los medios de ingresarlo en la cuenta de la compañía, pero se le había retirado el acceso al sistema informático y la agente de seguros de referencia no respondía a sus mensajes y llamadas y, además, un error informático provocó que no se requiriera su autorización para la emisión de las pólizas, por lo que el acusado decidió devolver el dinero a los clientes que pudo localizar. El acusado afirma que no se quedó con el dinero. Un melillense compareció ayer ante el juez acusado de un delito de apropiación indebida por supuestamente haberse quedado con el dinero de un total de 8 pólizas que le fueron abonadas en efectivo (una práctica irregular pero frecuente) y que nunca llegó a ingresar en la cuenta de la empresa aseguradora, motivo por el cual los afectados, si bien tenían las pólizas dadas de alta, no estaban cubiertos al quedar dichas pólizas pendientes de pago.
El acusado, que ejercía como agente de seguros de Generali hasta diciembre de 2015, afirmó que llegó a un acuerdo con la empresa para ceder su cartera de clientes a una compañera, “si no aceptaba, nos echaban a los dos”, de modo que él quedaba relegado a subagente de seguros (sin autoridad para confirmar pólizas, sometido a la necesaria autorización de la agente de seguros). El acuerdo implicaba que el acusado cedía su cartera a la nueva responsable a cambio de quedarse con un 80% de comisión.

Denuncia
Tras la realización de una serie de pólizas por parte del acusado entre finales de febrero y principios de marzo de 2016, se detectó que el dinero de las pólizas no se había ingresado. Al parecer, durante este periodo de tiempo dio la casualidad de que un error informático impidió que la responsable pudiera ver si se habían emitido las pólizas o no; “el error hacía que no se requiriese mi autorización”, afirmó la compañera que denunció la supuesta ilegalidad, quien también precisó que, al no haberse abonado las pólizas a la empresa, de ninguna manera podían estar cubiertos los clientes.
Los clientes perjudicados, que fueron contactados por la Policía a raíz de la denuncia de la agente de seguros, coincidieron en señalar que pagaron la póliza en efectivo, que se les dio un recibo en el que figuraba el pago, y que salieron de la oficina creyéndose “cubiertos” por la aseguradora.
Todos los perjudicados menos uno afirmaron haber recibido su dinero de vuelta de manos del acusado días después de que se produjeran los hechos.

Aislamiento
El acusado afirmó ante el juez que, debido a su nueva situación en la empresa -donde había quedado relegado a un segundo plano-, desde el mismo 1 de marzo dejó de tener acceso al sistema informático de Generali, por lo que no podía comprobar ni el estado de las pólizas ni los datos de los clientes. Es por ello que, a lo largo de una semana, el agente utilizó su cuenta personal para guardar el dinero a la espera de tener la información necesaria para realizar los ingresos, ya que necesitaba que su compañera le indicase los datos de los clientes, el importe exacto y el número de póliza para poder realizar los ingresos correctamente. Pese a la insistencia (la agente llegó a bloquearle el teléfono), no recibió respuesta y finalmente decidió devolver el dinero a sus clientes, excepto a uno al que no pudo localizar. “No me he quedado ni un euro de nadie”, recordó el acusado, quien achacó la denuncia a que su compañera quería “cubrirse las espaldas” ante un posible error y, además, “aprovechar para quedarse con mi cartera”.
Uno de los perjudicados, quien mostró plena confianza hacia el agente, afirmó que “perfectamente pudo tratarse todo de una confusión”
El Ministerio Fiscal consideró probados los hechos, constitutivos de un delito de apropiación indebida por el que pidió 2 años de prisión (interesando la suspensión, puesto que el acusado carece de antecedentes), mientras que la defensa pidió su libre absolución recordando el fallo informático y la buena voluntad mostrada.

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