Migreurop España exige al Gobierno español un balance sobre los primeros meses de aplicación del rechazo en frontera, la figura jurídica introducida en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que permite la devolución automática a Marruecos de los migrantes interceptados en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.
Según explican los colectivos y asociaciones que conforman esta plataforma en España (Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, Elin y SOS Racismo), el objetivo es que el Gobierno de cuentas públicamente de asuntos como los protocolos que siguen ahora las fuerzas de seguridad o las medidas específicas de protección de colectivos vulnerables activadas en estas fronteras.
El testigo lo ha recogido la senadora de Podemos Maribel Mora, que ha formulado estas y otras cuestiones en una pregunta parlamentaria en la que solicitará información sobre el hecho de que ninguna persona de origen subsahariano haya pedido asilo en las oficinas creadas ad hoc en los puestos fronterizos de ambas ciudades autónomas, tal y como señala la plataforma en un comunicado.
Asimismo, solicitará un balance estadístico de la aplicación material de la nueva previsión normativa que incluya tanto el número de actuaciones llevadas a cabo desde la entrada en vigor hasta el número de personas afectadas y la información que haya podido recabarse sobre las mismas.
"Además de la flagrante vulneración que esta modificación legislativa supone a lo dispuesto por la Constitución española y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, opinión sostenida por autorizadas voces del mundo jurídico, el desplazamiento del foco de atención hacia los terribles hechos que están aconteciendo en las fronteras del Mediterráneo central y del Este de la UE ha producido un preocupante apagón informativo sobre la situación de Ceuta y Melilla", dice Migreurop.
En su opinión, es necesario reclamar este tipo de datos "para evitar que la falta de información silencie las vulneraciones de derechos que se siguen produciendo en las vallas fronterizas de estos enclaves y para confirmar que la nueva disposición adicional 10ª de la LO 4/2000 (Ley de Extranjería) es tan sólo un intento de dar un 'barniz de legalidad' a dichas vulneraciones".
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