Estadísticas preocupantes sobre la ocupación de viviendas en España.
La Semana. MH, 16/02/2026
Por: J.B.
Okupacióñ = ocupación en la España del sanchismo.
Es sintomático/preocupante que uno de los socios minoritarios del Gobierno, Sumar (aunque se ajustaría más a su bagaje que se llamase “Restar”), haya declarado recientemente (a Carlos Alsina, en Onda Cero), por boca de su co-coordinadora, Lara Hernández, que “la ocupación en España no existe”.
Ante la evidente cara de asombro de Alsina por la afirmación anterior, Hernández, como suele hacer la izquierda actual (la culpa de todo siempre es de otro, comúnmente, la derecha), echó la culpa a la derecha de que se hable de un problema que para ella no existe. Según ella, «hay un relato sobre la okupación que ha colocado la extrema derecha» y “el problema no es la «okupación» si no el precio del alquiler, que es independiente de la ideología”.
La okupación ilegal se dispara en España: más de 80.000 denuncias en cinco años por unas políticas que desprotegen al propietario y encarecen la vivienda.
Los datos desmienten a “la Lara”:
La okupación ilegal se dispara en España: más de 80.000 denuncias en cinco años por unas políticas que desprotegen al propietario y encarecen la vivienda.
España vive una crisis habitacional sin precedentes. Los precios del alquiler y la compra han alcanzado niveles insoportables en las grandes ciudades, mientras miles de familias ven cómo sus viviendas son invadidas ilegalmente sin que el Estado les ofrezca una respuesta rápida y eficaz. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, las denuncias por usurpación y allanamiento de morada han acumulado más de 80.000 casos entre 2020 y 2024, con un repunte preocupante en el último año.
Las cifras no mienten
El Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior registra la siguiente evolución de hechos conocidos por okupación ilegal:
| Año | Denuncias registradas |
| 2020 | 14.792 |
| 2021 | 17.274 |
| 2022 | 16.765 |
| 2023 | 15.289 |
| 2024 | 16.426 |
Total acumulado (2020-2024): 80.546 denuncias.
En 2024 se produjo un aumento del 7,4 % respecto al año anterior, rompiendo dos años de leve descenso y situándose como la tercera cifra más alta de la serie histórica (solo por detrás de 2021 y 2022). Cataluña (las políticas de Ada Colau en Barcelona, donde fue hasta 2023, algo deben haber influido) concentra el 42 % del total nacional (7.009 casos en 2024), seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Algunas plataformas inmobiliarias como idealista contabilizaban en el tercer trimestre de 2025 más de 23.000 viviendas ocupadas ilegalmente que se ofrecían en venta, muchas de ellas a precio reducido por el “lastre” de la ocupación (se vendían “con bicho”, dicho en el argot de la calle). Un estudio del Institut Cerdà estimaba en 2023 que cerca de 78.800 familias ocupaban viviendas de forma ilegal, una cifra que refleja la cronificación del fenómeno.
El Gobierno de Pedro Sánchez, con la Ley de Vivienda de 2023 y las sucesivas prórrogas del “escudo social”, ha priorizado la protección de los ocupantes vulnerables por encima del derecho de propiedad. Estas medidas han generado:
– Moratorias de desahucios que se extienden incluso a inquilinos morosos (“inquiokupas”).
– Limitaciones a los precios del alquiler que han expulsado del mercado a miles de pequeños propietarios (se estima una pérdida de 120.000 viviendas en alquiler desde la aprobación de la ley).
– Procesos judiciales que pueden durar hasta 23 meses, según el Consejo General del Poder Judicial.
-Percepción generalizada de impunidad: los okupas saben que, una vez instalados, el desalojo es lento y costoso.
El círculo vicioso: menos oferta, más precios, más ocupación.
El resultado es claro: muchos propietarios prefieren mantener sus viviendas vacías antes que alquilarlas, por miedo a no poder recuperarlas. Otros las venden precipitadamente o las retiran del mercado. Esta contracción de la oferta —agravada por los controles de precios y la inseguridad jurídica— es la principal causa del encarecimiento actual de la vivienda.
El círculo vicioso: menos oferta, más precios, más okupación
La escasez de vivienda en alquiler y venta no es un fenómeno natural del mercado, sino consecuencia directa de estas políticas.
Algunas consecuencias:
– La oferta de alquiler se ha reducido entre un 15 % y un 20 % en zonas tensionadas.
– Los precios del alquiler han subido más del 26 % desde 2023 en muchas capitales.
– La percepción de riesgo ha hecho que miles de propietarios opten por no poner sus pisos en el mercado, lo que agrava la escasez y, paradójicamente, alimenta más intentos de okupación.
Un problema que afecta, probablemente, a más de 100.000 familias (lo que podrían ser cerca de 300.000 personas) no puede ser banalizado con declaraciones impresentables como las de “la Lara”.
En definitiva, el mensaje implícito de las políticas actuales —“la propiedad privada está en entredicho si hay una necesidad habitacional”— ha generado un efecto disuasorio masivo. Los pequeños propietarios, que representan la inmensa mayoría del parque de alquiler, se sienten desamparados y cuestionados en su derecho más básico.
La ocupación (pese a los que nos quieren hacer creer el Gobierno y sus partidos afines) no es un problema marginal (afecta al 0,06 % del parque total, según algunas interpretaciones), pero su impacto simbólico y económico es devastador: desalienta la inversión, reduce la oferta y dispara los precios. Mientras el Gobierno siga priorizando la protección del ocupante sobre la defensa del propietario, la crisis habitacional no hará más que empeorar.
Proteger la propiedad privada, agilizar los desalojos (como ya se ha hecho parcialmente con la reforma de 2025 para casos flagrantes) y eliminar trabas regulatorias que retraen la oferta son medidas imprescindibles para devolver la confianza al mercado y hacer accesible la vivienda a quienes realmente la necesitan. El tiempo apremia: cada mes que pasa, miles de familias ven cómo su sueño de tener un hogar se aleja mientras los okupas encuentran refugio en la inacción política.
Un problema que afecta, probablemente, a más de 100.000 familias (lo que podrían ser cerca de 300.000 personas) no puede ser banalizado con declaraciones impresentables como las de “la Lara”.
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