Nueva Melilla critica que la Ciudad no invierte el superávit en políticas sociales y vivienda

El portavoz de Nueva Melilla, Mohamed Busian, ha criticado la postura del Gobierno local tras la aprobación de la nueva norma que permite a los ayuntamientos utilizar su superávit municipal para financiar políticas sociales, construcción de viviendas y planes de empleo.

Busian recuerda que hasta hace poco tiempo, los ayuntamientos no podían destinar el superávit a necesidades de la población, estando obligados a utilizarlo exclusivamente para pagar deuda, principalmente a bancos. Esta situación provocaba las quejas del presidente de la Ciudad de Melilla, quien señalaba que no se podía emplear ese dinero en atender demandas reales de la ciudadanía, como vivienda o empleo.

Sin embargo, hace unos días, el Gobierno aprobó una norma posteriormente convalidada por el Congreso de los Diputados, que autoriza a los ayuntamientos a invertir su superávit en medidas de mejora social, incluyendo proyectos de vivienda y empleo, especialmente dirigidos a jóvenes. En la votación, la diputada por Melilla, Acedo, se posicionó en contra, aunque la norma fue aprobada y se encuentra plenamente vigente.

A pesar de esta modificación legal, Busian señala que el Gobierno del Partido Popular en Melilla ha dejado de mostrar indignación y, según el portavoz, ahora alega problemas técnicos para no invertir en políticas de vivienda o empleo, insistiendo en destinar los recursos nuevamente al pago de deuda bancaria.

El portavoz de Nueva Melilla critica la contradicción entre la facilidad con la que se resuelven obstáculos cuando los fondos benefician a sectores más pudientes, como ocurrió con el gasto de medio millón de euros en las llamadas “dos hormiguitas”, y la imposibilidad de aplicar los mismos recursos a los sectores más vulnerables.

Busian concluye que la política del actual Gobierno local se centra en priorizar a quienes más tienen y descuidar a los que más lo necesitan, y asegura que Nueva Melilla seguirá denunciando esta gestión y defendiendo que los recursos públicos se destinen prioritariamente a mejorar la vida de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables.

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