Nuestra isla mínima

En Melilla tenemos la suerte de vivir en un entorno privilegiado, con unas capacidades enormes en lo referente al cumplimiento de la nueva Ley de Transición Ecológica. Gracias a un marco topográfico poco exigente, donde las distancias son muy reducidas, la temperatura es muy agradable la mayor parte del año y la climatología se podría considerar propicia para el desarrollo de la “interacción social”, propios de una sociedad dinámica. Solo sería necesario cierto grado de voluntad, en ese cambio requerido, donde algunas prácticas “mejorables” deberán ser modificadas en la búsqueda de esas sinergias energéticas tan exigibles en el panorama medio ambiental actual (AGENDA 2030).
Haciendo un esfuerzo de memoria, quiero recordar un hecho, que no debe ser pasado por alto, cuando, allá por el año 2015, se reguló “El impuesto al sol”. Este fue el nombre no oficial otorgado a las modificaciones presentadas en el Real Decreto 900/2015, publicado el 9 de octubre, por el ministro de entonces, José Manuel Soria López. Mediante este término, se estableció un “peaje de respaldo”, aplicado a la energía generada mediante el uso de paneles fotovoltaicos, donde el consumidor debía pagar los impuestos correspondientes por la energía que produjese en un sistema de “autoconsumo fotovoltaico”.
Que este señor, años después, fuera forzado a dimitir al estar involucrado en los famosos “papeles de Panamá”, ahora no tiene ninguna importancia, aunque sí lo es el daño provocado por el freno que supuso el desarrollo en el uso e investigación de las energías renovables. Por suerte, este crimen medioambiental fue reparado mediante la derogación de esa Ley que atentaba contra el sentido común y, lo que es peor, contra nuestro Medio Ambiente.

Gases de efecto invernadero
El Congreso de los Diputados acaba de aprobar una Propuesta de Ley (solo falta el Senado), que intenta dar cumplimiento de los Objetivos de la AGENDA2030 (Asamblea General de Naciones Unidas), que establece la necesidad de reducir las emisiones de G.E.I. (gases de efecto invernadero) a nivel global, en un 45% en todo el mundo para el año 2030, y llegar a la neutralidad en emisiones para el año 2050. A pesar de ello, nuestro país, al contrario que otros más ambiciosos como Reino Unido (58,3% respecto de 2010), logrará “solo” una reducción del 37,8% respecto al año 2010, quedando algo lejos de las cifras propuestas por dicho organismo. Como la presentada por Europa, que afirma lograr una reducción en emisiones del 47,8%, mejorando su objetivo del 45%.
Para ello, necesitamos la revisión del sistema energético actual, la del transporte y el todopoderoso sistema de producción alimentario y de consumo. Estas cifras de protección ambiental se enfrentan directamente contra los intereses de grandes lobbies, esos que en la aplicación de esta Ley, lograremos queden definitivamente atrás.
Los nuevos términos que aparecen en la actualidad, que no nos da tiempo a asimilar y, sin embargo son tan necesarios, como nos ocurrió con los smarphones, nos exige ahora un nuevo impulso intelectual para no quedarnos desfasados en este nuevo escenario medioambiental y urbano. Y es que palabras como resiliencia, sostenible, economía circular, accesibilidad, entornos escolares seguros, humanización del espacio urbano, corredores verdes, siniestralidad vial, deshumanización del entorno urbano, autonomía infantil, G.E.I., I.C.U., C.O., etc., conforman un vocabulario propio de una sociedad moderna.
El incremento del uso de la «nube» para guardar contenidos informáticos ha disparado el consumo energético de los centros de datos de todo el mundo, unas instalaciones que actualmente gastan tanta electricidad como toda Italia. Cada correo almacenado consume 1 gramo de CO2 (elimínenlos).
En esta isla mínima en la que desarrollamos nuestras vidas, debemos de realizar un acto de responsabilidad, como así lo hacen el resto de ciudades y países. Nuestra ciudad, más que nunca, por insignificante que pudiera parecernos en el escenario global, debe dar ese paso tan necesario que nos saque de la autocomplacencia y nos encauce hacia un camino digno de ser recorrido, que no es otro que, un Plan de Reducción de los G.E.I.
Para ello, deberemos conocer algo hasta hoy carente de debate en nuestra ciudad, como son las cifras emitidas de CO (gas precursor del CO2, principal G.E.I. a nivel global), para, de este modo, establecer una “hoja de ruta” necesaria en el cumplimiento de los objetivos de dicha agenda.
Hasta la fecha, ningún político de nuestra ciudad se ha manifestado en estos términos a pesar, de que el propio presidente del Gobierno afirma que «el mundo está advertido de que la siguiente emergencia es la climática”.
Además, los expertos mundiales señalan: “Los científicos tienen la obligación moral de advertir de manera clara a la humanidad de cualquier amenaza catastrófica y decirlo tal y como es”. “Sobre la base de esta obligación y los indicadores gráficos que se presentan a continuación, declaramos con más de 11.000 signatarios científicos de todo el mundo, clara e inequívocamente, que el planeta Tierra se enfrenta a una crisis climática”. Una vez escuchados los expertos, es hora de oír a los gobernantes locales, esos que después de casi dos años, solo saben decir “poco a poco”.

Huella de carbono
La Agencia Europea de Medio Ambiente alerta de que el transporte es responsable de más del 30% de las emisiones de CO2 globales. En concreto, el vehículo privado genera el 60,7% de estas emisiones. Esto convierte a este lobby en el más exigido, pues siempre lo ha caracterizado un inmovilismo recalcitrante.
Nuestras emisiones de CO2 (tenemos la obligación de conocerlas), son muy elevadas en nuestra ciudad. La transparencia de los datos son responsabilidad de los organismos públicos, aunque éstos, a día de hoy, son desconocidos por la inmensa mayoría de los ciudadanos; Endesa, Remesa, Puerto, Aeropuerto, Tráfico Rodado, Residuos, Incendios, Consumo, Desaladora, Tratamiento del Agua, Almacenamiento de Datos. Todos estos factores son responsables, en mayor o menor medida, de esa huella de carbono que debemos reducir a la mitad (45%) en menos de 10 años (2030).
Podemos afirmar, según la Agenda 2030, que la huella de carbono generada por el consumo de combustible en nuestra ciudad (más de 30 millones de litros durante el año 2018), debe de reducirse un 8% anual, lo cual será imposible de lograr, si no existe un PLAN REVOLUCIONARIO que mitigue la producción de los gases de efecto invernadero del que es buen responsable nuestro parque móvil.
Tal parece, que nuevamente serán esas Leyes impuestas por organismos superiores, y no la voluntad y formación de nuestras instituciones, las que producirán esos cambios tan necesarios. Y es que, haciendo memoria sobre los “planes locales” realizados hasta la fecha, las siguientes cifras nos delatan: 18.000 vehículos sin I.T.V. (DGT 2015), más de 12 años de antigüedad del parque móvil, más de 69.000 con una ocupación superior al 80% del espacio público y los más de 270.000 desplazamientos diarios, donde algunos barrios “lucen” 12.000 vehículos/km2.
Todas estas emisiones, sumadas a los más de 115.000 kilos de combustible (fuel-oil) consumidos al día por la “factura energética doméstica”, en forma de GW (gigavatios), amén del CO emitido por los GLP, gas butano (C4H10) y propano (C3H8) restantes, “nutren” un escenario local algo complicado.
Existe un “valor añadido” a esta reducción en las emisiones, uno que las entidades llevamos denunciando años, donde esa contaminación antropogénica (producida por la acción del ser humano), conforma una indisoluble acción contra la salud de todos, en forma de SO2, NOx, P.M.10, O3 o las temidas P.M.2.5, donde gases tan “pintorescos” como Tolueno (C6H5CH3) o el Benceno (C6H6), comparten nuestro espacio vital desde hace décadas, perpetuando ese escenario donde la salud queda en segundo plano y se perpetua una “prioridad incorrecta”.
Aunque, no siendo el objeto de este artículo, creo que estos datos merecían ser mencionados, al igual que también, los metales pesados que inundan nuestros suelos debido a esa “memoria infinita” que atesoran, donde el Zn, Cd, Pb (metales pesados) o el Arsénico, los nutren sin que sean objeto de denuncia o estudio de ningún tipo.
En resumen, desconocemos nuestra huella de carbono y los medios efectivos para reducirla. Lo que sí sabemos es que esas emisiones provocan 101 enfermedades. Aunque el impacto en la salud de cada uno de nosotros es desconocida por los organismos sanitarios de nuestra ciudad, tampoco sabemos el gasto derivado o la capacidad del medio natural y sus espacios verdes para reducirla.
Todas estas incógnitas nos alejan cada día más de una solución efectiva para esta isla mínima en la que todos somos responsables.

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