No es una mera anécdota

Casos como el ocurrido hace dos días en el Tesorillo deben servir para que las partes implicadas, como el Ingesa, la Justicia e incluso la propia Policía, hagan una urgente puesta en común sobre cómo se debe afrontar una muerte natural en la vía pública para que los ciudadanos no se puedan ver desasistidos en ningún momento de su vida, ni más allá de ella Podría parecer una situación de película de enredo llevada al extremo, pero lo cierto es que ocurrió. El miércoles por la noche, un hombre de avanzada edad falleció en la vía pública después de intentar ser reanimado por un equipo sanitario del 061. El problema se originó cuando el personal de la ambulancia llamó a la Policía Nacional para que se hiciera cargo del cuerpo porque no pensaba llevarlo al Hospital Comarcal, y le comunicó su intención de sacar el cadáver de la ambulancia para dejarlo en la acera, donde lo había recogido, o bien en el interior del domicilio. El Ingesa defiende que estos profesionales sanitarios del 061 siguieron el protocolo establecido para estos casos. Si eso es así, entonces lo preocupante es que haya protocolos que permitan a un servicio público, como es la Sanidad, dejar el cuerpo sin vida de una persona tirado en la calle tras su fallecimiento, sin mayor pudor ni sensibilidad, aun cuando minutos antes había intentado por todos los medios su reanimación. No parece una explicación razonable la que da el Ingesa, porque si la ambulancia hubiera trasladado al paciente en plena reanimación hasta el hospital y finalmente hubiera fallecido ya en el centro sanitario, ¿lo habrían sacado también a la calle como se pretendía hacer en el caso de la ambulancia?
No parece de sentido común que estas cosas ocurran en un país desarrollado como el nuestro, en el que Melilla no es ni debe ser una excepción a la hora de enfrentarse a una situación nada anormal como es una repentina muerte natural en la vía pública. Desde instancias judiciales apuntan a este diario que lo sucedido el miércoles es algo habitual en Melilla, no en otros lugares donde el personal médico de ambulancias certifica las causas de una muerte natural sin problema. Pero en nuestra ciudad parece que existen reparos a la hora de afrontar esta responsabilidad cuando el fallecimiento ocurre en la calle y la opción que se intenta emplear es que se encargue el médico forense, dependiente del Ministerio de Justicia, aun cuando este paso debe darse únicamente cuando hay indicios de que pueda ser una muerte violenta en la que haya que investigar la presunta comisión de delitos.

Sin ánimo de polemizar, casos como el ocurrido hace dos días en el Tesorillo deben servir para que las partes implicadas, como el Ingesa, la Justicia e incluso la propia Policía, hagan una urgente puesta en común sobre cómo se debe afrontar una muerte natural en la vía pública para que los ciudadanos no se puedan ver desasistidos en ningún momento de su vida, ni más allá de ella. Los tres servicios públicos dependen de la Administración General del Estado, aunque correspondan a ministerios diferentes, de modo que no debería ser difícil sentar las bases sobre cómo actuar ante lo que le puede pasar a cualquiera, y es que un fallo en un órgano vital o una grave enfermedad le lleve al deceso fuera de casa o de un hospital. Seguir como hasta ahora, intentando pasarse la patata caliente unos a otros ante una situación tan delicada como es la muerte de una persona, no hace más que crear asombro, incertidumbre e indignación lógica entre los ciudadanos que pagan con sus impuestos el funcionamiento de esos servicios públicos.

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