La consejera de Administraciones Públicas, Catalina Muriel, se mostró ayer convencida de que "no habrá ningún tipo de problema ni cuestión penal" en la imputación de la exdirectora general del Área de Función Pública de la Ciudad Autónoma, María José Gómez, que actualmente desempeña el cargo de secretaria general de la Delegación del Gobierno. Muriel, a preguntas de los periodistas, dijo no tener conocimiento del auto por el que Gómez está imputada, por un asunto relacionado con la compatibilidad concedida al expresidentes de la sociedad pública Promesa para que trabajara como profesor universitario. Sin embargo, Muriel se mostró convencida de que "en este tema, como en todos los que está inmersa la Ciudad Autónoma, no va a haber ningún tipo de problema ni cuestión penal porque no la hay".
Así, explicó que Promesa es una sociedad pública que se rige por el derecho privado y tiene su propio personal y régimen de compatibilidades. "La Consejería de Administraciones Públicas actuó bajo la normativa que tenemos, la directora general de Función Pública actuó conforme a la legislación que tenemos", insistió.
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